Redacción
México.- El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se niega a entregar un avión ejecutivo Gulfstream Commander 1,000, el cual fue adquirido por empresarios queretanos en una subasta pública organizada por el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda, ahora convertido en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
De acuerdo con la denuncia de los empresarios afectados, la aeronave bimotor, color blanco con franjas verdes, número de serie 96056, matrícula anterior XB-RAL y con matrícula actual XC-AA19, fue adquirido en la subasta electrónica SEM22/21G cuyo proceso inició el 14 de noviembre de 2021, reportó el diario Código Querétaro.
El SAE ofreció la aeronave en el lote 2312. Para poder participar los empresarios hicieron un depósito de garantía por 100 mil pesos.
La dependencia puso un precio de salida de seis millones 485 mil 962 pesos y ellos ofrecieron seis millones 412 mil 962 pesos, con lo que ganaron la puja, de acuerdo con el fallo correspondiente, emitido el 24 de noviembre de 2021.
La autoridad les dio un plazo de 24 horas para pagar el 50% del precio de venta, lo cual realizaron y cinco días para liquidar el restante, lo cual también efectuaron.
Una vez cubierto el importe por la operación, el SAE les entregó una factura con CFDI incancelable.
Los empresarios solicitaron entonces ver la aeronave y permiso para acceder a ella y ponerla en condiciones de aeronavegabilidad.
Los funcionarios del SAE les informaron que la aeronave estaba en Durango, bajo resguardo del gobierno del estado y los citaron para su entrega el 16 de diciembre de 2021, en el aeropuerto de la capital duranguense.
Se trasladaron hasta el hangar del gobierno del estado, donde encontraron la aeronave. En el sitio estaban Samuel Barcaza, piloto, acompañado por su copiloto, ambos al servicio del gobernador, José Rosas Aispuro Torres, quienes les comentaron que el mandatario no estaba de acuerdo con que el SAE hubiera subastado la aeronave que utiliza.
Ese mismo día los pilotos informaron a los nuevos dueños que la aeronave estaba programada para trasportar al gobernador a Aguascalientes, lo cual harían y en menos de dos horas la regresarían a ese lugar para entregárselas.
El avión no regresó al hangar y cinco horas después, los funcionarios del SAE informaron a los empresarios que el gobernador no quiere devolver el avión y, por ello, no podrán entregárselos.
Durante los tres días posteriores, mantuvieron contacto con los funcionarios del SAE e interpusieron la denuncia ante las autoridades competentes a fin de que les entreguen la aeronave formalmente ya de su propiedad. Sin embargo, en los últimos días los funcionarios de la dependencia federal solo les dicen que no pueden hacer la entrega.
Los empresarios interpusieron un amparo, lo cual, en teoría impide que la aeronave sea utilizada y acusaron al gobernador duranguense de robo, al mantener la posesión de la aeronave, aun cuando sabe que el SAE lo subastó y oficialmente ya es propiedad de particulares.
Lo delicado es que los empresarios firmaron, como parte de los trámites de adjudicación, una constancia de entrega del bien, donde se manifiesta que son los únicos responsables del uso y destino del aparato.
Los afectados manifestaron su preocupación por la incapacidad mostrada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para garantizar la entrega de un bien que subastó, sobre todo porque se trata de una dependencia del gobierno federal, que debería ofrecer a los participantes de las subastas que organiza todas las garantías de que lo que ofrece en subasta puede entregarlas a quienes se las adjudica.