Redacción
México.- El Ministro de la Corte Alfredo Gutiérrez propuso ordenar la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán, así como cancelar la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán Servín, ambas acusadas del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General de la República.
En sus proyectos de sentencia, el Ministro concede amparos lisos y llanos, uno para liberar a Cuevas, presa en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020, y el otro para eliminar la orden contra Morán, de 94 años, quien fue pareja de Federico Gertz durante 52 años.
El Pleno de la Corte discutirá los proyectos el 28 de marzo.
Cinco ministros ya se habían pronunciado por la liberación de Cuevas, por diversas razones, y Gutiérrez no estaba en ese grupo, por lo que ya existen los seis votos necesarios para su absolución.
En el caso de Cuevas Morán, el proyecto anula el auto de formal prisión que tanto una jueza penal como una Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) dictaron en su contra por supuestas omisiones en los cuidados médicos de Gertz, aunque se concluyó en los expedientes que las pruebas presentadas por sus defensoras no fueron tomadas en cuenta, además de que, quienes dictaron sentencia, incurrieron en múltiples errores.
Gutiérrez sostiene que la acusación se basa en que Cuevas era «garante accesoria» de la salud de Federico Gertz Manero, quien fue pareja de su madre, Laura Moran Servín, durante 52 años.
Pero la figura del garante accesorio no existe en el derecho penal, como afirmaron varios ministros cuando la Corte discutió este caso por primera vez el pasado 14 de marzo.
«Sin respaldo legal, (la Sala Penal) estimó que a la quejosa le correspondía evitar la muerte del ahora occiso, pues había apoyado a su madre cuando esta última supuestamente se negó a suministrar a su concubino medicamentos y a que fuera trasladado a un hospital.
«No hay prueba de que la peticionaria del amparo aceptara hacerse cargo del enfermo, ni de que ella fuera la que tomó las decisiones sobre sus cuidados. Es más, al no cohabitar con el ahora occiso, resultaría inviable suponer que podía tener una custodia efectiva sobre aquél», dice el nuevo proyecto.
Morán Servín tenía 87 años cuando Gertz murió en 2015 y el proyecto rechaza el estereotipo de género del cual parte la acusación, según el cual las mujeres son cuidadoras desde el nacimiento hasta la muerte, y considera que no se le puede encasillar como la garante absoluta de la salud de su concubino.
«La orden de aprehensión es inconstitucional porque implícitamente supone que la quejosa –como concubina de un hombre– estaba, de alguna manera, obligada a garantizar no sólo la conservación de su salud, sino prácticamente la prolongación de su vida. De acuerdo con esta lógica, ella debía saber con exactitud en qué punto era médicamente necesario trasladar a su pareja a un hospital y someterlo a un tratamiento especializado, como si tener esa clase de conocimiento fuese un talento naturalmente adquirido o irremediablemente heredado por su condición de mujer y concubina».
«La expectativa de procuración de cuidado resulta desmedida. No es razonable esperar, por un lado, que una mujer sin conocimientos en una profesión tan especializada como la medicina, se conduzca como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Por otra parte, se ignora la posible negligencia de hombres que fungieron como cuidadores y médicos del enfermo», agrega el proyecto.
La absolución de ambas será un duro golpe para el Fiscal Alejandro Gertz, quien durante siete años ha usado todos los recursos a su alcance para perseguirlas por la muerte de su hermano.
Finalmente, en 2020 logro que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México presentara la acusación por homicidio contra ambas, avalada por el TSJ.
La difusión, el pasado 4 de marzo, de llamadas entre Gertz y el subprocurador Juan Ramos, en las cuales el Fiscal General afirmaba tener de su lado a varios ministros, al tiempo que daba lectura a proyectos de sentencia supuestamente confidenciales, obligó a la Corte a difundir un boletín reiterando su autonomía.
El 14 de marzo, diez ministros desecharon los proyectos que presentó su colega Alberto Pérez Dayán, porque sólo proponían amparos para efectos, es decir, para devolver el expediente al TSJ. De los diez, sin embargo, cinco pidieron nuevos proyectos antes de tomar una decisión de fondo.
La jueza penal Marcela Ángeles Arrieta fue quien ordenó la aprehensión de ambas mujeres y dicto prisión contra Cuevas, mientras que Octavio Ceballos Orozco, juez que fungía como magistrado de Sala Penal del TSJ, confirmó el auto a esta última.
En la actualidad, Ceballos es coordinador general de Investigación Estratégica de la FGJ capitalina.