Redacción
México.- Diputados federales de la alianza opositora Va por México presentaron hoy ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, por alentar una campaña de odio.
La denuncia considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Delgado, Hernández y López Obrador “serán penalmente responsables de las amenazas que públicamente han hecho” en contra de los legisladores que frenaron la aprobación de la reforma eléctrica.
Morena y el Presidente de la República, quedó asentado en la denuncia, “ponen en evidencia en redes sociales, páginas de internet, medios de comunicación, fotos llamándole ‘traidor a la Patria’ (a los diputados), poniendo en riesgo no sólo la integridad del legislador, sino la de sus familiares y su equipo de trabajo“.
Uno de los diputados promoventes, el panista Guillermo Huerta, señaló que “hay amenaza notoria para impedir que ejerza su labor legislativa en libertad y con el derecho que le conceden los artículos 5, 6 y demás correlativos del Reglamento de la Cámara de Diputados”.
Recordó que el 18 de abril, la dirigencia de Morena anunció que prepararían una lista para que los ciudadanos conocieran el nombre y cara de los “traidores a la nación” que votaron contra la reforma eléctrica.
Al mismo tiempo, en su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal hizo referencia a los mismos hechos, aludiendo a expresiones constitutivas de amenazas.
Además, el pasado 20 de abril, se dio de alta un portal denominado traidoresalapatria.com, en el cual se difunden los datos personales e imagen del diputado Huerta, lo cual, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 282 del Código Penal Federal, constituye una conducta tipificada como Delito de Amenazas, misma que tiene una sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa.
De acuerdo con el artículo 61 constitucional, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, por lo cual, su voto a favor, en contra, o en abstención no debe ser objeto de amenaza.