Redacción
México.- El estudio Índice de la Paz en México, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz en México (IEP), informó que en los últimos ochos años los homicidios asociados al narcotráfico han aumentado casi un 300%, pasando de 8 mil muertes en 2015 a 23 mil 500 en 2022.
Por el contrario, las muertes violentas que no estuvieron vinculadas con la delincuencia organizada se mantuvieron entre 10 mil y 12 mil anuales en el mismo período. Un análisis de la organización experta en narcotráfico, Insight Crime, descubrió que los cambios en las dinámicas del crimen organizado son el factor principal en el aumento de la violencia.
Puso como ejemplo el caso de Colima, que actualmente es considerada la entidad más violenta de México. Su situación, según el estudio, se le atribuye en gran medida al auge de las drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.
El puerto de Manzanillo es un punto de entrada conocido para todos los precursores de este tipo de enervantes que ya no requieres grandes cantidades de héctareas de plantíos para su producción. Por lo tanto, al volverse un flujo de entrada de químicos para la elaboración de drogas sintéticas, se convierte también en un punto codiciado por las organizaciones criminales, que luchan por hacerse del control del tráfico.
El estudio Índice de la Paz en México, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz en México (IEP), informó que en los últimos ochos años los homicidios asociados al narcotráfico han aumentado casi un 300%, pasando de 8 mil muertes en 2015 a 23 mil 500 en 2022.
Por el contrario, las muertes violentas que no estuvieron vinculadas con la delincuencia organizada se mantuvieron entre 10 mil y 12 mil anuales en el mismo período. Un análisis de la organización experta en narcotráfico, Insight Crime, descubrió que los cambios en las dinámicas del crimen organizado son el factor principal en el aumento de la violencia.
Puso como ejemplo el caso de Colima, que actualmente es considerada la entidad más violenta de México. Su situación, según el estudio, se le atribuye en gran medida al auge de las drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.
El puerto de Manzanillo es un punto de entrada conocido para todos los precursores de este tipo de enervantes que ya no requieres grandes cantidades de héctareas de plantíos para su producción. Por lo tanto, al volverse un flujo de entrada de químicos para la elaboración de drogas sintéticas, se convierte también en un punto codiciado por las organizaciones criminales, que luchan por hacerse del control del tráfico.
Guanajuato, al igual que Colima, es un estado que debido a los constantes cambios en la logística criminal ha registrado en los últimos cinco años un aumento exponencial de la violencia. “Mientras que en 2010 nadie hablaba de Guanajuato, hoy es uno de los estados que acaparan los titulares de la prensa”, señaló directora de investigación del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California a Insight Crime.
Sin embargo, el auge del “huachicoleo” o robo de combustible dio pie a que grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima se apoderaran de la entidad y aumentaran su poder diversificando su agenda criminal con otros delitos como el narcotráfico y la extorsión.
En la actualidad Chiapas es un estado que está llamando la atención de los analistas de seguridad, pese a estar considerada como la tercera entidad más pacífica, pues los enfrentamientos entre grupos criminales han provocado el desplazo de miles de habitantes. “El riesgo es que nuevas zonas del país lleguen afectarse”, dijo el analista de Crisis Group a Insight Crime.
El Índice de Paz México también estimó que el impacto económico de la violencia para el país en 2022 fue de 4,6 billones de pesos (unos 230.000 millones de dólares), lo que representa un 18,3 % del producto interno bruto (PIB) mexicano y equivale en un costo per cápita de 35.700 pesos (1.988 dólares).
México es la única gran economía mundial que mide el impacto de la violencia en su PIB.
Este indicador también muestra una caída por tercer año consecutivo, con una reducción de 5,5 %, equivalente a 271 mil millones de pesos (15,1 millones de dolares) respecto del año anterior.
El estudio compara que esta misma cantidad fue seis veces más a las inversiones públicas realizadas en salud y cinco veces mayor a las realizadas en educación en el mismo año.
El gasto en México durante 2022 para seguridad pública y el sistema judicial fue por 0,6 % del PIB nacional, menos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1,7 %.