Redacción
México.- En un fallo emitido hoy, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ha dado un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para acatar una suspensión definitiva que exige someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y cumplir otros requisitos legales. Esta suspensión fue dictada en mayo pasado tras una demanda presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
La jueza Yadira Mena, encargada del amparo promovido por la UNPF, ya había advertido previamente que las autoridades responsables habían sido omisas en cumplir cabalmente con la resolución que ordenaba la suspensión definitiva. La SEP y la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) han alegado estar «imposibilitadas» para cumplir con dicha suspensión, pero la jueza ha señalado que es necesario garantizar un procedimiento participativo que involucre a ciudadanos especializados y gobiernos estatales en la determinación de los programas de estudio y la selección de los libros de texto.
Esta controversia ha llevado a que los libros de texto de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2023-2024 estén circulando sin haber cumplido con los requisitos legales establecidos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado recientemente que no se retirarán los libros y ha justificado su postura al argumentar que sería un mensaje de atraso y censura el ocultarlos o retirarlos.
El desacato a una suspensión es considerado un delito federal, con una pena que oscila entre tres y nueve años de cárcel. Sin embargo, en este caso, la jueza solo puede imponer multas y denunciar el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien será la entidad encargada de decidir si acusa a los funcionarios responsables.
Adicionalmente, el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, ha dictaminado que el plan piloto implementado por la SEP para el nuevo Plan de Estudios en 960 escuelas durante el ciclo 2022-2023 es inconstitucional. Según Rebolledo, dicho plan piloto constituye una medida regresiva, ya que se aplicó sin la aprobación y publicación de los programas de estudio autorizados por la SEP, sin la capacitación previa de los maestros y sin libros de texto aprobados. La SEP ha impugnado esta sentencia ante un tribunal colegiado de circuito.