Redacción
México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy la reforma electoral de mayo pasado en el Estado de Guanajuato, por vicios de procedimiento legislativo que fueron reclamados por la dirigencia nacional de Morena.
Por ocho votos contra tres, el Pleno de la Corte eliminó la reforma publicada el pasado 31 de mayo, al determinar que el Congreso estatal aprobó en fast track, con votos del PAN y del PRI, los cambios a más de 80 artículos de la ley electoral local sin haber repartido previamente el dictamen entre todos los diputados.
Se trata del mismo argumento con el que la Corte invalidó las dos partes del llamado Plan B electoral del Gobierno federal, en mayo y junio pasados, asÍ como una ley sobre contratación de publicidad que impulsó en su momento la bancada de Morena en el Senado.
El 22 de junio, cuando la Corte revocó el Plan B, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a los Ministros de estar «absolutamente del lado conservador» por no haber resuelto sobre los temas de fondo de esa reforma. Una semana después, Delgado presentó la acción contra la reforma de Guanajuato, pidiendo la nulidad por vicios de procedimiento.
Uno de los cambios en Guanajuato fue que el inicio del proceso electoral local se movió de septiembre a la última semana de noviembre.
A propuesta del Ministro Jorge Pardo, autor del proyecto, la Corte decidió que la fecha de noviembre se mantiene para el proceso electoral 2023-2024, por lo que la invalidez del articulo 174 párrafo segundo de la ley, surtirá efectos hasta después de las elecciones del próximo año.
La invalidez del resto del decreto surtirá efectos de inmediato. Los cambios anulados incluían nuevas facultades del Instituto y el Tribunal electorales locales, financiamiento a candidatos independientes, propaganda, campanas y precampañas, y voto postal de guanajuatenses en el extranjero, entre otros.
«Es evidente que la dispensa determinada por los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, representantes de los partidos políticos, sin que se emitiera motivación alguna que justificara tal dispensa impidió que, previamente a la sesión en que se aprobó el decreto, la totalidad de las diputadas y diputados integrantes del Congreso conociera plenamente el dictamen que lo proponía, siendo que se trataba de una reforma de gran calado», explicó Pardo en la sesión del 21 de septiembre cuando la Corte empezó a discutir el asunto.
«Estas irregularidades fueron manifestadas por diversos legisladores durante la sesión de 25 de mayo, en la que destacaron ante la asamblea que la iniciativa no había sido circulada a los 36 diputadas y diputados integrantes del Pleno, que no había sido consensuada la iniciativa, que el dictamen contenía inconsistencias tanto técnicas como sustanciales debido a la premura, y que no se entró al análisis de todas y cada uno de los artículos contenidos en la iniciativa», agregó.
En la sesión de hoy, los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Margarita Ríos-Farjat sumaron sus votos a los cinco que ya estaban a favor del proyecto, completando la mayoría calificada para invalidar.
Votaron en contra Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, como lo han hecho en todos los casos recientes de vicios de procedimiento legislativo, así como Arturo Zaldívar, quien en general es renuente a anular leyes por este tipo de defectos, aunque sí estuvo en la mayoría que invalidó el Plan B.