Redacción
Texas.- Grupos de derechos civiles, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron el martes una demanda ante un tribunal federal en Austin contra el estado de Texas. La acción legal surge como respuesta a una nueva ley que permite a la policía estatal detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente y otorga a los jueces la autoridad de ordenar su deportación.
La legislación, promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott en una ceremonia en Brownsville, entrará en vigor en marzo. La ACLU, su filial en Texas y el Texas Civil Rights Project, en representación del condado de El Paso y dos organizaciones de ayuda a migrantes, argumentan en la demanda que la ley es inconstitucional y viola la legislación federal.
El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y el fiscal general del 34to distrito judicial Bill Hicks, mencionados como demandantes, aún no han respondido a los pedidos de comentario.
Adriana Piñon, directora legal de ACLU of Texas, expresó en un comunicado: «Esta ley vulnera principios constitucionales fundamentales y viola la ley federal de inmigración mientras que perjudica a los tejanos, particularmente las comunidades negras e hispanas.»
La controvertida ley otorga a cualquier oficial de la ley en Texas la autoridad para arrestar a personas sospechosas de haber ingresado al país ilegalmente. Los detenidos tienen la opción de acatar la orden de un juez para abandonar Estados Unidos o enfrentar cargos por ingreso ilegal. Aquellos migrantes que no cumplan con la orden de salida podrían ser procesados nuevamente bajo cargos más graves.
Los críticos consideran que esta ley es el intento más significativo desde la legislación de Arizona en 2010, mayormente anulada por la Corte Suprema, de otorgar responsabilidades migratorias a las fuerzas del orden locales o estatales. Los republicanos en Texas argumentan que el gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, y han tomado medidas como el traslado de miles de migrantes a otras ciudades y la instalación de alambre cortante en el río Bravo, acciones que han generado controversia y críticas.