Redacción
Lima, Perú – Este viernes, la Fiscalía de Perú presentó una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones por su presunta participación en el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El Ministerio Público acusa a Castillo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Desde su reclusión el mismo día del intento de golpe, Castillo ha enfrentado una orden de prisión preventiva de 18 meses. Además, pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por liderar una presunta red corrupta en el Ejecutivo.
El expresidente anunció el 7 de diciembre de 2022 el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia con la intención de gobernar por decreto. Esta decisión llevó a su destitución por el Congreso y su posterior arresto por su propia escolta.
La solicitud de la Fiscalía también incluye peticiones de 25 años de prisión para Betssy Chávez, entonces primera ministra, por el delito de rebelión. Chávez se encuentra bajo prisión preventiva desde junio del 2022 como parte de la investigación relacionada con el intento de autogolpe.
Además, la Fiscalía solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Aníbal Torres, también exprimer ministro, enfrenta una petición de 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión. Estas solicitudes de penas buscan sancionar a quienes participaron en el intento de subvertir el orden constitucional en Perú en diciembre del año pasado.