Redacción
Estados Unidos.- Según un reciente informe presentado por la agencia de empleo de Naciones Unidas el martes pasado, el trabajo forzoso en todo el mundo ha generado beneficios ilegales por un total de $236 mil millones de dólares al año. Esta cifra, calificada como «obscena» por los expertos, refleja un aumento del 37 por ciento en comparación con estimaciones previas de una década antes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los datos recopilados del año 2021, el más reciente cubierto en el estudio internacional, revelan un panorama desalentador en el que el trabajo forzoso no solo está en aumento en términos de cantidad de personas explotadas, sino también en la cantidad de dinero generado por cada víctima. Tres cuartos de este negocio ilícito se relacionan con la explotación sexual, lo que priva a los migrantes de enviar dinero a sus hogares, suprime empleos legales y permite a los delincuentes evadir impuestos.
El director general de la agencia, Gilbert Houngbo, ha instado a una cooperación internacional urgente para abordar esta problemática. Señaló que el trabajo forzoso no solo perpetúa la pobreza y la explotación, sino que también socava los fundamentos de la dignidad humana al someter a las personas a múltiples formas de coerción, siendo la más común la retención deliberada y sistemática de salarios.
El informe revela que en cualquier día del año 2021, aproximadamente 27.6 millones de personas estaban sometidas a trabajos forzosos, lo que representa un aumento del 10 por ciento en comparación con cinco años antes. Más de la mitad de estas víctimas se encontraban en la región de Asia-Pacífico, mientras que otras regiones como África, América y Europa-Asia Central también experimentaron altos niveles de trabajo forzoso.
La OIT estima que alrededor del 85 por ciento de las personas afectadas trabajaban en empleos forzados impuestos de forma privada, lo que incluye formas como la esclavitud, la servidumbre y la esclavitud por deudas. El resto estaban sometidos a trabajos forzosos impuestos por autoridades gubernamentales, una práctica que no fue cubierta por el estudio debido a la falta de datos disponibles.
Expertos de la OIT han condenado la «esclavitud moderna» en diferentes entornos, incluido el sistema penitenciario en el estado de Alabama, Estados Unidos, donde se estima que casi cuatro millones de personas están afectadas por el trabajo forzoso impuesto por el gobierno. Scott Lyon, responsable de política en la OIT, afirmó que la organización condena estas situaciones de trabajo forzoso, ya sea en sistemas penitenciarios, abusos en el reclutamiento militar u otras formas de explotación estatal.