La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves por unanimidad un tratado histórico para combatir la ciberdelincuencia, que deberá ser presentado ante la Asamblea General para su oficialización. Este tratado, resultado de tres años de intensas negociaciones, tiene como objetivo central “prevenir y combatir la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz”, con un enfoque especial en delitos como el abuso de menores y el blanqueo de capitales.
Este acuerdo, el primero de su tipo elaborado por un comité ad hoc de la ONU, surgió en 2017 por iniciativa de Rusia, que contó con la oposición inicial de Estados Unidos y varios países europeos. Sin embargo, en un giro inesperado, Rusia, que hasta hace poco había sido un firme defensor del proceso de redacción, expresó recientemente su descontento con el texto final. Moscú criticó que el tratado está «colmado de salvaguardias de derechos humanos» y acusó a los países participantes de perseguir «objetivos egoístas» bajo el pretexto de defender valores democráticos.
La aprobación del tratado ha generado un fuerte debate entre activistas y organizaciones de la sociedad civil. Human Rights Watch (HRW) y otras entidades han alertado sobre los peligros que el tratado podría representar, al señalar que podría ser utilizado por gobiernos como una herramienta para la represión y la vigilancia. “Prevemos que a medida que los países avancen en la ratificación del tratado, este se enfrentará a un considerable escrutinio y a la oposición de los legisladores y del público debido a la amenaza que supone para los derechos humanos”, advirtió Deborah Brown, directora adjunta del departamento de Tecnología de HRW.
Las preocupaciones se centran en que el tratado podría ampliar significativamente la capacidad de vigilancia gubernamental, especialmente en el ámbito de la cooperación transfronteriza, sin establecer las salvaguardias necesarias para proteger a los ciudadanos de posibles abusos de poder. Los detractores del tratado afirman que su ámbito de aplicación es demasiado amplio, lo que podría convertirlo en un mecanismo de “vigilancia” global, susceptible de ser utilizado con fines represivos.
A medida que el tratado avanza hacia su ratificación por parte de la Asamblea General, se anticipa un intenso debate sobre sus implicaciones para las libertades civiles y los derechos humanos en todo el mundo.