Human Rights Watch (HRW) emitió un llamado urgente al Estado de México para que siga el ejemplo de los 16 estados que han despenalizado el aborto en el país, ante la falta de garantías para acceder a servicios de aborto en la entidad. Según el informe titulado “Navegando obstáculos: acceso al aborto en el Estado de México”, publicado este martes, las autoridades y proveedores de salud locales no están garantizando el acceso a este servicio, incluso en los supuestos permitidos por la legislación, lo que constituye una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.
Aunque el aborto ha sido reconocido como un derecho constitucional en México, el Estado de México continúa criminalizándolo, permitiéndolo solo en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer, alteraciones congénitas del feto o cuando es resultado de una acción culposa. Sin embargo, el informe de HRW revela que, en la práctica, las mujeres enfrentan numerosos obstáculos para acceder a estos servicios, incluyendo la negativa o postergación del servicio por parte de los proveedores de salud, la falta de información adecuada y los prejuicios en su contra.
El informe también denuncia que la criminalización del aborto en el Estado de México obliga a muchas mujeres a viajar a la Ciudad de México, donde el procedimiento es legal hasta las 12 semanas de gestación. Esta situación afecta desproporcionadamente a personas en situación de pobreza, con discapacidad, adolescentes y otros grupos vulnerables que no pueden trasladarse a la capital.
Human Rights Watch subraya que los prejuicios de género, los estereotipos y el temor a la criminalización continúan afectando el acceso al aborto en el Estado de México. «El estigma asociado con el aborto, basado en la idea de que las mujeres, una vez embarazadas, tienen la obligación de convertirse en madres, está profundamente arraigado en el personal de salud», cita el informe.
Además, HRW destaca los desafíos adicionales que enfrentan las niñas y adolescentes en la entidad, como la necesidad de autorización parental para menores de 18 años, a pesar de que la NOM 046 establece que las adolescentes mayores de 12 años no requieren dicho consentimiento. Las personas con discapacidad también se ven afectadas por la interdicción, que puede impedirles tomar decisiones sobre su salud reproductiva.
Ante estos hallazgos, Human Rights Watch exige a las autoridades del Estado de México que intensifiquen sus esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de aborto sin restricciones, protegiendo así sus derechos reproductivos y su salud.