Un grupo de ambientalistas y organizaciones de protección animal y derechos humanos han lanzado un llamado urgente a la comunidad internacional para respaldar el proyecto S.O.S. Yucatán, una iniciativa destinada a frenar la expansión de megagranjas porcícolas que, según denuncian, están causando graves daños ambientales y sociales en las comunidades indígenas del sureste de México.
«Hoy alzamos la voz porque el 80 % de esas megagranjas se instalaron en ejidos, en comunidades mayas que ahora ven su agua, aire y suelo contaminados», declaró Sofía Morín, miembro legal de la organización Mercy For Animals Latinoamérica, durante una entrevista concedida este viernes a la agencia EFE.
Las organizaciones involucradas, junto con activistas locales, se desplazaron al estado de Yucatán para investigar de primera mano las condiciones en las que viven las comunidades afectadas y documentar los efectos devastadores que la contaminación porcícola ha tenido en sus territorios. «La industria porcícola llega y se instala en comunidades vulnerables, como Santa María Chi, violando la autodeterminación de estos pueblos que nunca autorizaron la llegada de las granjas, que albergan hasta 100 mil animales», agregó Morín.
La situación en Yucatán es alarmante. Según un estudio reciente, en 2023 se identificaron 872 posibles granjas de cerdos en la región. Aunque no todas son megagranjas, los resultados de un dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelan que los niveles de contaminación en las aguas cercanas superan hasta ocho veces los límites permitidos por la normativa mexicana.
Los ambientalistas exigen el cumplimiento del Convenio de Ramsar, un tratado internacional que protege los humedales de importancia mundial. Además, solicitan la intervención de expertos internacionales para ayudar a las comunidades indígenas afectadas, quienes han visto cómo sus derechos a un ambiente sano son vulnerados.
Pese a los esfuerzos de los activistas, las autoridades de Semarnat en Yucatán han mostrado poca disposición para dialogar. Según Morín, aunque lograron entregar un documento firmado por 150 habitantes de Santa María Chi y respaldado por 10 organizaciones de derechos humanos y ambientales, no se les permitió entablar una conversación directa con los funcionarios.
El documento, que también incluye 21.000 firmas digitales, detalla las serias afectaciones que las megagranjas están causando en los cenotes y el manto freático de la región. Mercy For Animals Latinoamérica, una organización con presencia en varios países, ha documentado, además, el maltrato animal en estas instalaciones, donde los cerdos sufren prácticas crueles como la castración sin anestesia y la mutilación de colas y colmillos.
Con más de dos millones de cerdos producidos anualmente en la Península de Yucatán y destinados en su mayoría a la exportación hacia Asia, los activistas temen que la situación se agrave si no se toman medidas urgentes. «Esperamos que el Poder Judicial aplique la ley y detenga este atropello a las comunidades y al medio ambiente», concluyó Morín.