La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido una controversia constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo de Guanajuato en contra de la reforma judicial aprobada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en el Congreso federal y diversas legislaturas locales. Esta reforma, entre otras cosas, plantea que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular.
La controversia constitucional 286/2024 fue admitida el pasado 27 de septiembre, según un acuerdo publicado recientemente. La recién nombrada gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien asumió el cargo el 26 de septiembre, promovió esta acción legal al considerar que la reforma vulnera la independencia judicial y contraviene principios constitucionales.
El caso ha sido asignado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ya ha tenido protagonismo en temas relacionados. El pasado jueves, el pleno de la SCJN aprobó un proyecto del propio González Alcántara que permite al máximo tribunal revisar la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, tres ministras —Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres— votaron en contra, argumentando que la Suprema Corte no tiene facultades para analizar reformas constitucionales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al fallo de la Corte, insistiendo en que el tribunal no tiene el poder para revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales. A pesar de esto, figuras clave de su partido, como los excoordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como la consejera jurídica Ernestina Godoy y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, habían impugnado una reforma constitucional en 2014 bajo circunstancias similares.
Este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo de Guanajuato y el Congreso federal abre un nuevo capítulo en la disputa por la reforma judicial, que promete redefinir las reglas para la elección de los integrantes del Poder Judicial en México.