En México, 8.8 millones de personas mayores de cinco años viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 7.2% de la población en ese rango de edad, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estas cifras fueron presentadas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.
De esta población, el 53.5% son mujeres (4.7 millones) y el 46.5% son hombres (4.1 millones). El mayor porcentaje de personas con discapacidad se encuentra entre los adultos mayores de 60 años, que representan el 50% del total.
Desafíos en educación y empleo
La educación es uno de los principales retos: solo 46 de cada 100 personas con discapacidad entre 5 y 29 años asisten a la escuela, en comparación con 60 de cada 100 entre quienes no tienen discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen una ligera ventaja en este indicador (46.7%) respecto a los hombres (45.9%). Sin embargo, el 14.9% de las personas con discapacidad mayores de 15 años carecen de escolaridad, cifra significativamente superior al 3.2% entre la población sin discapacidad.
En el ámbito laboral, la participación económica de las personas con discapacidad mayores de 15 años es del 40.6%, mucho menor que el 68% registrado entre quienes no tienen discapacidad. Los hombres con discapacidad tienen una mayor tasa de participación económica (51.5%) que las mujeres (31.3%).
Distribución geográfica y causas principales
Por estado, Zacatecas reportó el mayor porcentaje de población con discapacidad (11.2%), seguido de Tabasco (10.1%) y Durango (9.9%). En contraste, Coahuila (5.2%), Chiapas (6%) y el Estado de México (poco más del 6%) tuvieron los porcentajes más bajos.
Las principales dificultades reportadas fueron ver, incluso con anteojos (45.8%), y caminar, subir o bajar usando las piernas (40.3%). Las principales causas de discapacidad identificadas fueron enfermedades (43.9%) y la edad avanzada (27.2%).
Compromiso pendiente
Los datos reflejan la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren el acceso a la educación, la inclusión laboral y los servicios básicos para este sector de la población, fomentando su integración y autonomía.