La Cámara de Diputados prevé reasignar más de 30 mil 220 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, con recortes significativos al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que concentran el 88% de los ajustes presupuestales.
El proyecto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propone recortar 13 mil 476 millones de pesos al INE y 13 mil 117 millones al CJF, mientras este último continúa en funciones en tanto se concretan los nuevos organismos contemplados en la reforma judicial.
Otros recortes a órganos autónomos
Además, se plantean reducciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por mil 180 millones, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por 488 millones, al INAI por 494 millones y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 714 millones. También se prevén ajustes al Tribunal Electoral (210 millones), al Senado (123.9 millones) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 416.6 millones.
En total, el Poder Judicial perdería más de 14 mil millones de pesos, mientras que los organismos autónomos aportarían 15 mil 638 millones a las reasignaciones.
Destino de las reasignaciones
El dictamen sugiere que los recursos recortados se reasignen prioritariamente a educación e infraestructura. Se destinarían 17 mil 300 millones de pesos para subsanar recortes a universidades públicas, de los cuales:
- UNAM: 7 mil 124 millones
- UAM: más de mil 667 millones
- IPN: más de 2 mil 938 millones
En infraestructura, se reasignarían 10 mil 720 millones de pesos para caminos rurales y la modernización de carreteras. También se contemplan incrementos de:
- 6 mil 292 millones para la Sedena.
- 3 mil millones para Cultura, distribuidos entre el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes.
- 3 mil millones para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
- 2 mil millones para la Secretaría de las Mujeres.
Impacto en el Gobierno Federal
El Gobierno federal también enfrentaría ajustes por mil 235 millones, que incluyen recortes a la Oficina de la Presidencia (44.1 millones), la Secretaría de Gobernación (1,127 millones) y la Secretaría de Economía (64 millones).
Un presupuesto con prioridades ajustadas
Con estas reasignaciones, los legisladores buscan fortalecer sectores clave como educación, infraestructura y cultura, mientras los recortes recaen principalmente en organismos autónomos y el Poder Judicial. Sin embargo, estas decisiones podrían generar tensiones con los entes afectados, que enfrentan desafíos para mantener sus operaciones con presupuestos más limitados.