El Gobierno de México publicó el pasado viernes un decreto en el Diario Oficial de la Federación que modifica los artículos 4° y 5° de la Constitución, prohibiendo oficialmente el uso ilícito del fentanilo, así como la producción, comercialización y distribución de vapeadores en el país.
La reforma, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y concluida bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo fortalecer el cuidado de la salud pública y sancionar la utilización de estos dispositivos que exponen a la población a sustancias nocivas.
Nuevas disposiciones legales
Con los cambios al artículo 4°, cualquier actividad vinculada a los vapeadores será penalizada por la ley, mientras que el artículo 5° prohíbe la fabricación, distribución y venta de estos productos en todo el territorio mexicano. En cuanto al fentanilo, la reforma restringe la fabricación y distribución de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, abordando uno de los problemas que ha generado tensiones entre México y Estados Unidos.
Preocupaciones por el impacto del vapeo
La prohibición de los vapeadores responde a estudios clínicos que han identificado riesgos asociados a su uso, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiolitis, fibrosis pulmonar y cáncer. Según expertos, el consumo de vapeadores podría generar cáncer de pulmón en un plazo de 15 años, similar al tabaco convencional.
El oncólogo Bartomeu Masutti, secretario científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, alertó que el consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes de 13 a 18 años ha aumentado un 23 % en un año, alcanzando al 54.6 % de los escolares de secundaria. Esto, según el especialista, podría traducirse en un grave problema de salud pública en las próximas décadas.
Críticas y debate en torno a la reforma
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. Marcela Madrazo, directora general de Vapeo Informado, calificó la prohibición como desproporcionada y alertó sobre el posible fortalecimiento del mercado negro y el aumento del consumo entre menores. «La Constitución no es el marco jurídico para prohibir sustancias, y la historia demuestra que estas medidas suelen ser ineficaces», declaró Madrazo, recordando los casos del alcohol en Estados Unidos y el cannabis en México.
Pese a las opiniones encontradas, la reforma busca establecer un marco más estricto para proteger la salud pública, en un contexto donde el uso de vapeadores y el tráfico de fentanilo representan desafíos tanto en México como en el ámbito internacional.