Este martes 15 de abril, el Gobierno de México expresó su confianza en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de un nuevo arancel del 20.91% a las exportaciones mexicanas de jitomate, previsto para entrar en vigor el próximo 14 de julio. La medida, anunciada por el Departamento de Comercio estadounidense, representa un nuevo episodio de tensiones comerciales entre ambos países y pone en riesgo un mercado que en 2023 generó más de 2 mil 500 millones de dólares, con Sinaloa como estado líder en exportaciones.
Durante la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México mantiene abierta la posibilidad de aplicar sanciones similares a productos estadounidenses, como el pollo y la pierna de cerdo, también bajo investigación por presunto dumping. “México siempre tiene esa posibilidad”, dijo Sheinbaum, sin especificar el monto de los posibles aranceles.
La decisión estadounidense se produce tras la ruptura de un acuerdo alcanzado en 2019 que suspendía una investigación antidumping contra el jitomate mexicano. Según Washington, dicho pacto ya no protege adecuadamente a los productores estadounidenses frente a “precios injustos”, lo que motivó la reactivación del caso y la posible imposición de un impuesto generalizado a los tomates frescos provenientes de México.
El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, restó dramatismo a la medida y se mostró confiado en una salida negociada, como en ocasiones anteriores. “Esto ya lo vivimos en 2019 con la primera administración de Trump. Se llegó a un entendimiento entonces y lo volveremos a hacer”, afirmó. También advirtió que, de concretarse los aranceles, “les van a salir más caras sus ensaladas y su ketchup” a los consumidores estadounidenses.
México rechaza categóricamente las acusaciones de subsidios o venta por debajo del costo. “No hay nada de que el Estado esté subsidiando”, declaró la presidenta Sheinbaum.
En sentido contrario, México también acusa a Estados Unidos de prácticas de dumping en el sector agroalimentario. El caso del pollo fue resuelto en 2012 con un acuerdo, que el Gobierno mexicano ya ha advertido que está sujeto a revisión. En tanto, la investigación sobre la carne de cerdo sigue abierta.
Este nuevo roce comercial llega apenas días después de otra fricción bilateral, cuando EE.UU. acusó a México de no cumplir con el tratado de aguas fronterizas. Washington amenazó con represalias si no se entrega el recurso pendiente a Texas. México atribuyó el retraso a la sequía, pero aseguró que se harán nuevas entregas en breve.
Las disputas ocurren en un contexto de tensiones renovadas con el expresidente Donald Trump, cuyo regreso a la arena política ha revivido amenazas arancelarias contra México. Aunque el país ha logrado evitar algunas sanciones gracias al T-MEC, otras industrias —como la del acero, el aluminio y la automotriz— siguen sujetas a negociaciones complejas.