El gobierno de Estados Unidos incluyó a México en su lista de vigilancia prioritaria en materia de propiedad intelectual, al considerar que las autoridades mexicanas no han avanzado en la persecución penal contra la piratería ni en la protección efectiva de marcas y derechos de autor, incumpliendo compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El señalamiento se dio a conocer este martes a través del Reporte Especial 301 sobre Protección e Implementación de los Derechos de Propiedad Intelectual, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El informe advierte que en el último año “las investigaciones y procesamientos penales por falsificación de marcas y piratería de derechos de autor parecen inexistentes”, y destaca que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha reportado estadísticas en los últimos cinco años sobre la aplicación de la ley en esta materia.
A pesar de iniciativas como la Operación Limpieza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el gobierno estadounidense advirtió que la importación, venta y distribución de productos falsificados sigue siendo un problema grave en México, con la participación incluso de organizaciones criminales transnacionales.
Otro punto crítico, según el informe, es la falta de facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para incautar o destruir productos presuntamente piratas sin previa autorización del IMPI o de la FGR, lo cual, advierte, entorpece las acciones de control en frontera.
En respuesta al reporte, la Secretaría de Economía afirmó que México mantiene su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual, y destacó que la inclusión en dicha lista no implica sanciones comerciales inmediatas. Por su parte, el titular del IMPI, Santiago Nieto, aseguró que ya se analizan reformas legales para reforzar la capacidad del Estado en esta materia.
El reporte de la USTR no solo refleja tensiones bilaterales, sino que también presiona a México para cumplir con sus obligaciones en el marco del T-MEC, justo cuando se aproxima una revisión clave del tratado en 2026.