Una jueza federal en California ordenó este martes suspender las detenciones sin orden judicial de personas indocumentadas por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, tras una controvertida redada que dejó a decenas de campesinos detenidos, incluido un ciudadano estadounidense.
La decisión fue emitida por la magistrada Jennifer Thurston, quien falló a favor del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, tras los operativos realizados los pasados 7 y 8 de enero por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el condado de Kern, una zona eminentemente agrícola ubicada al norte de Los Ángeles.
La jueza consideró que las prácticas empleadas por los agentes fronterizos constituyen un daño “inminente e irreparable” para las personas detenidas arbitrariamente y prohibió expresamente realizar arrestos sin causa probable ni sospecha razonable de que una persona es indocumentada. El fallo aplica para futuras operaciones dentro del Distrito Este de California, que abarca desde Bakersfield hasta la frontera con Oregón.
En su opinión de 88 páginas, Thurston también ordenó que la Patrulla Fronteriza documente cada detención y arresto sin orden judicial dentro de la zona establecida, como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
Organizaciones civiles denunciaron que durante la redada los agentes recorrieron cerca de 500 kilómetros fuera de su jurisdicción, actuando sin coordinación local y con un perfilamiento racial evidente. Las personas detenidas, en su mayoría trabajadores agrícolas, fueron transportadas casi 500 kilómetros al sur hasta un centro de detención en la frontera con México, donde fueron obligadas a firmar salidas voluntarias sin acceso a representación legal ni a un proceso judicial adecuado.
“El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas”, expresó Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU. Por su parte, Teresa Romero, presidenta de la UFW, lamentó que “la Patrulla Fronteriza no puede simplemente inmiscuirse en las comunidades y capturar a personas trabajadoras sin el debido proceso, solo por ser de piel oscura y de clase trabajadora”.
Como consecuencia directa del operativo, al menos 40 residentes de larga data del condado de Kern permanecen ahora en México, separados de sus familias y comunidades.