La caza furtiva de rinocerontes continúa azotando a Sudáfrica con fuerza. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, 103 rinocerontes fueron asesinados, la mayoría dentro de parques nacionales protegidos, según reveló este lunes el ministro sudafricano de Medio Ambiente, Dion George.
De las víctimas, 65 ejemplares fueron cazados ilegalmente en áreas de conservación estatal, lo que equivale a un promedio de más de un rinoceronte muerto por día. George calificó la cifra como “un duro recordatorio de la implacable amenaza a nuestra vida silvestre” y alertó sobre la urgencia de reforzar los esfuerzos de protección.
Sudáfrica alberga la mayor población de rinocerontes del mundo, con entre 16 mil y 18 mil animales, entre ellos rinocerontes blancos y rinocerontes negros, estos últimos clasificados como especie en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con apenas 6,400 ejemplares en libertad, de los cuales unos 2 mil habitan en Sudáfrica.
Las autoridades sudafricanas han intensificado en los últimos años el combate contra las redes de crimen organizado que lucran con el tráfico ilegal de cuernos de rinoceronte, muy valorados en mercados asiáticos por supuestas propiedades curativas.
Un ejemplo de estos esfuerzos fue la condena en Mozambique del cazador furtivo Simon Ernesto Valoi, señalado como uno de los principales capos de la caza ilegal en el Parque Nacional Kruger, fronterizo con Mozambique. Valoi fue sentenciado en 2023 a 27 años de prisión, un fallo que fue celebrado por el Ministerio sudafricano como una victoria en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna.
A pesar de estos avances, los conservacionistas advierten que las mafias trasnacionales continúan operando con sofisticación y violencia, lo que representa un desafío permanente para las autoridades. El Parque Nacional Kruger, uno de los más emblemáticos del continente africano, sigue siendo uno de los focos más afectados por esta amenaza.
La protección de los rinocerontes no solo es un tema de biodiversidad, sino también de seguridad y justicia ambiental, han afirmado diversas organizaciones, que piden mayores recursos, cooperación internacional y penas más severas contra los implicados en esta red criminal.