En México, alrededor de 1.7 millones de personas subordinadas, sin acceso a seguridad social, han pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de encontrarse en condiciones de informalidad laboral, según un análisis reciente de la organización México Evalúa.
De acuerdo con el estudio, estas personas reportan tener un contrato laboral con la empresa donde trabajan, lo que indica que se encuentran registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y están sujetas a retención de impuestos. Sin embargo, no reciben beneficios laborales ni están afiliadas a instituciones de salud, lo cual sugiere que podrían estar contratadas bajo el régimen de asimilados a salarios, una figura que permite al patrón retener ISR sin asumir otras obligaciones patronales.
“Es claro que la mayor parte de personas ocupadas en la informalidad opera fuera de los marcos legales. Aún queda un largo camino por recorrer para garantizar derechos laborales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en este segmento”, señala México Evalúa.
La informalidad advierte el análisis, conlleva generalmente evasión o elusión fiscal, lo cual impacta directamente en los niveles de recaudación tributaria del país. El estudio compara esta situación con naciones como Francia, Suecia, Finlandia o Noruega, donde menos del 4% de la población trabaja en la informalidad y la recaudación fiscal supera el 40% del Producto Interno Bruto (PIB). En cambio, en países como Perú, Ecuador, Colombia y México, donde más del 50% de la población ocupada trabaja informalmente, la recaudación apenas alcanza el 20% del PIB.
El problema de fondo, subraya el informe, es que los trabajadores informales no están registrados oficialmente, por lo que quedan fuera del sistema tributario y de seguridad social. México Evalúa concluye que la informalidad no debe tratarse únicamente como un fenómeno de vulnerabilidad social, sino como un desafío estructural que requiere soluciones fiscales y laborales de fondo.
“Urge construir mecanismos que fomenten la incorporación de estos trabajadores al sistema fiscal y de seguridad social. Establecer estrategias progresivas, justas y adaptadas a su realidad permitiría ampliar la base tributaria, fortalecer el financiamiento de servicios públicos y promover una competencia económica más equitativa”, finaliza el estudio.