La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este martes una iniciativa enviada por la Presidencia de la República que propone otorgar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la responsabilidad legal de medir la pobreza en México y evaluar los programas de la Política de Desarrollo Social, funciones que hasta ahora desempeñaba el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El documento fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y plantea modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de consolidar jurídicamente el traspaso de facultades al INEGI.
Según la iniciativa, esta medida forma parte del cumplimiento de la reciente reforma constitucional en materia de Simplificación Orgánica, la cual busca eficientar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la evaluación del desarrollo social en el país.
El texto subraya que, si bien el Coneval fue creado como un órgano técnico especializado en medir la pobreza y evaluar las políticas sociales, su existencia no consideró la duplicidad de funciones con otros entes públicos, lo que derivó en una dispersión de recursos y esfuerzos.
“De ahí que la simplificación orgánica que se propone pretende fortalecer la capacidad del Estado para evaluar el impacto de la Política de Desarrollo Social de manera objetiva a través del INEGI, el cual cuenta con autonomía constitucional y es el encargado de la generación de información estadística y geográfica”, señala la propuesta.
Las modificaciones legislativas establecerían con claridad las nuevas atribuciones del INEGI, incluyendo la emisión de recomendaciones, la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la evaluación integral de los programas sociales.
La iniciativa también busca garantizar que esta transferencia de funciones no afecte la autonomía del INEGI ni la calidad técnica de su labor, y que se lleve a cabo mediante un marco normativo armonizado que asegure una transición eficaz y ordenada.
De aprobarse, el INEGI pasará a ser no solo el ente encargado de generar estadísticas nacionales, sino también el responsable de emitir los diagnósticos oficiales sobre pobreza y bienestar en México, en un momento clave para las políticas públicas de inclusión y combate a la desigualdad.