Organizaciones empresariales manifestaron su firme oposición a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados.
A través de un comunicado conjunto, representantes de organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Concamin, Canaco CDMX, Comce, AMIB y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advirtieron que dicha medida institucionaliza la ilegalidad, atenta contra la propiedad privada y pone en riesgo los recursos del fondo, conformado por los aportes de millones de trabajadores.
“El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad”, sostuvieron.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento —de un universo estimado de 843 mil— el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo legal alguno con el Infonavit ni con sus legítimos propietarios. Las organizaciones alertaron que permitir que estos ocupantes adquieran las casas a un precio menor al de mercado crearía un precedente nocivo para el Estado de Derecho.
Los empresarios señalaron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para respaldar ocupaciones irregulares. Subrayaron que el Instituto no tiene atribuciones legales para rentar, vender ni escriturar inmuebles a personas no derechohabientes, función que corresponde a instancias como la Sedatu o la Conavi.
El pronunciamiento también hace referencia al deterioro financiero del Infonavit. Según el documento, el índice de morosidad en su cartera pasó de 7.8 % en 2018 a más del 18 % en 2024, y si se incluyen los créditos segregados, uno de cada tres financiamientos está en incumplimiento.
“En lugar de fortalecer el patrimonio de quienes han cumplido con sus obligaciones, se promueve una estrategia que incentiva la invasión y profundiza el problema de cartera vencida”, añadieron.
Si bien reconocieron la postura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien aseguró que “la propiedad privada está resguardada” y que no se quitará ninguna vivienda a su dueño legítimo, los empresarios exigieron acciones concretas y normativas claras, no sólo declaraciones.
“La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional”, concluyeron.
Las organizaciones empresariales hicieron un llamado urgente a la Asamblea del Infonavit y a las autoridades competentes para frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley y preservar la certeza jurídica sobre el derecho a la vivienda en México.