Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó este sábado en lo general y en lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y da paso a la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un nuevo órgano que asumirá la regulación del ecosistema digital en México.
La iniciativa, turnada ya a la Cámara de Diputados para su análisis, responde al mandato del artículo décimo transitorio del decreto constitucional aprobado en diciembre de 2024. Entre los cambios más relevantes se encuentra el reconocimiento del acceso a Internet como un derecho universal, así como el fortalecimiento del papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, con un enfoque multicultural, de inclusión digital y derechos humanos.
“El nuevo ordenamiento garantiza el acceso a la radiodifusión desde una perspectiva de derechos y pluralidad cultural”, señala el comunicado oficial del Senado, el cual también destaca que la propuesta incluye medidas específicas para facilitar el acceso a servicios digitales a personas con discapacidad.
Aunque aún no se han revelado los detalles sobre la estructura interna de la ATDT, se ha definido que el personal del IFT causará baja al momento de su extinción, y que contará con recursos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento para cubrir indemnizaciones, finiquitos o pagos por estabilidad laboral.
La ley fue discutida tras un proceso que incluyó cinco conversatorios públicos organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y comisiones legislativas, donde participaron académicos, organizaciones civiles y representantes del sector tecnológico.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia. Mientras algunos senadores oficialistas celebraron lo que consideran una «actualización institucional para la era digital», la oposición y diversas voces críticas señalaron que la eliminación del IFT —un organismo autónomo constitucional— podría debilitar la independencia regulatoria en telecomunicaciones y radiodifusión, abriendo la puerta a una mayor concentración de poder gubernamental sobre los medios y la conectividad.
El debate ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde se definirá si la ATDT reemplazará definitivamente al IFT o si se introducirán ajustes al proyecto. De avanzar sin modificaciones, esta reforma marcaría un cambio estructural en la política tecnológica y de comunicaciones del país.