Crueldad animal, condiciones sanitarias deficientes y posible contaminación del agua subterránea son algunas de las violaciones documentadas por la organización Mercy for Animals en dos megagranjas porcícolas que abastecen a importantes distribuidoras mexicanas de carne de cerdo.
La investigación encubierta, realizada en las instalaciones de San Gerardo, ubicada en Santa María Chi, y en otra granja operada por el Grupo Porcícola y Ganadero Mi Rancho (parte del Grupo Fogysa), documentó con imágenes y videos a cerdos heridos, enfermos sin atención médica, lechones en corrales insalubres y cadáveres dentro de las instalaciones.
Ambas granjas surten a compañías como Kekén, subsidiaria del Grupo Kuo —el mayor productor de carne de cerdo en México, con operaciones en más de 70 países—. En su sitio oficial, Kekén afirma implementar “modelos de producción agroalimentaria sostenible” y cumplir con altos estándares en bienestar animal, certificados por el sistema Cloverleaf Animal Welfare.
No obstante, tras solicitar una postura, Kekén aseguró que San Gerardo “no pertenece a la empresa”, sino que opera como un proveedor independiente. Afirmó también que no ha recibido reportes de prácticas irregulares en dicha granja ni en otras bajo su esquema de colaboración.
Crueldad documentada y violaciones a la ley
De acuerdo con Sofía Morín, Gerente de Políticas Públicas de Mercy for Animals Latinoamérica, los hallazgos incluyen prácticas como el uso de jaulas de gestación que impiden a las cerdas moverse, contacto nulo entre madres y crías, así como signos de estrés severo, aburrimiento extremo y lesiones físicas. “Estas industrias, por más que sigan protocolos, están violentando varias leyes. Claramente hay maltrato animal”, advirtió.
Además de la dimensión ética, la denuncia incluye daños ambientales graves. En marzo de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que la porcicultura intensiva en Yucatán contribuye a la contaminación del agua subterránea, con altos niveles de nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo y E. coli detectados en cenotes y pozos.
En 2024, Mercy for Animals lanzó la campaña SOS Yucatán, en la cual se identificaron filtraciones de desechos en la selva maya a través de sobrevuelos con drones. “El suelo en Yucatán es altamente poroso, lo que facilita que los residuos lleguen a los mantos freáticos”, explicó Morín.
La organización también advirtió que la granja de Grupo Fogysa posee una de las mayores concesiones de agua en la península, con un volumen cercano a los 600 mil metros cúbicos, lo que plantea un uso intensivo de recursos hídricos en una región vulnerable.
Criminalización a la resistencia comunitaria
La población de Santa María Chi lleva años oponiéndose a la operación de la granja San Gerardo por sus impactos ambientales. Sin embargo, esta resistencia ha sido respondida con denuncias judiciales. La organización Artículo 19 ha documentado la criminalización del subcomisario municipal Wilbert Alfonso Nahuat Puc, quien ha enfrentado procesos legales por su activismo ambiental.
“Estas denuncias buscan intimidar y obstaculizar a los defensores comunitarios que intentan proteger sus territorios”, señaló la organización.
En medio del escándalo, Mercy for Animals hace un llamado a las autoridades mexicanas para investigar a fondo las condiciones en estas granjas y aplicar sanciones cuando se detecten violaciones a la ley. “Los animales no son recursos. Los cerdos son seres inteligentes con intereses propios. No podemos seguir justificando este trato inhumano”, concluyó Morín.