El Gobierno del estado de Guanajuato ofreció apoyo para regresar a sus lugares de origen a los casi 700 jornaleros agrícolas que presuntamente eran víctimas de explotación laboral en un rancho del municipio de Dolores Hidalgo. Sin embargo, la mayoría de ellos —provenientes de estados como Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca— rechazaron la propuesta al asegurar que en sus comunidades no tienen medios para subsistir.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el pasado viernes fueron rescatadas 642 personas: 458 adultos y 184 niños, además de que se tiene registro de 30 adolescentes que abandonaron el lugar antes de la intervención. El operativo se realizó tras una denuncia presentada por la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Trabajo estatal, derivada de posibles violaciones a derechos laborales y humanos.
“Se les está ofreciendo a quien se quiera regresar a sus lugares de origen, pero la gente no se quiere regresar; quieren seguir trabajando. Ellos comentan que en sus lugares de origen no hay trabajo y no tendrían dinero para comer”, explicó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
El funcionario detalló que muchos de los jornaleros forman parte de circuitos migratorios laborales que los llevan a trabajar en plantaciones de estados como San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California. Subrayó que, aunque la explotación de jornaleros ocurre en diversas entidades del país, en Guanajuato “se está atendiendo el problema” para evitar que se reproduzca en el estado.
Respecto a los menores encontrados en el sitio, Jiménez Lona aclaró que todos se encontraban acompañados de sus familias y no hay niños separados o abandonados. Agregó que el caso está siendo atendido por la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas, ya que algunas de las víctimas no hablan español, por lo que se ha activado un protocolo para garantizar su derecho a la comunicación y acompañamiento.
La FGE sigue investigando el caso bajo la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, particularmente en la modalidad de explotación laboral. Aunque aún no hay detenidos directamente por este delito, sí se reportó la aprehensión de una persona por posesión de narcóticos. Los encargados del rancho, en calidad de depositarios, permanecen bajo observación mientras continúan las diligencias.
El artículo 21 de la mencionada ley establece penas de tres a 10 años de prisión para quienes incurran en explotación laboral, y hasta 12 años si las víctimas pertenecen a pueblos indígenas o afromexicanos. Esta forma de explotación incluye condiciones insalubres, jornadas laborales excesivas, salarios por debajo del mínimo legal y desproporción entre el trabajo realizado y la compensación recibida.
La investigación sigue en curso, mientras autoridades estatales buscan garantizar condiciones dignas para los trabajadores agrícolas rescatados, quienes, a pesar de las adversidades, prefieren mantenerse en actividad que volver al abandono y pobreza de sus lugares de origen.