El silencio digital marcó este viernes el fin de una era. Después de 12 años de operación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cesó oficialmente sus actividades, en cumplimiento con la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2024, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de reducir la burocracia y centralizar funciones en el gobierno federal.
Con la extinción del IFT, también se apagaron sus cuentas oficiales en redes sociales, mientras que los servicios de atención ciudadana quedaron definitivamente suspendidos. En un comunicado de despedida, el organismo autónomo agradeció a la sociedad mexicana la confianza depositada durante más de una década de trabajo.
“Durante más de una década, el Instituto trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios en beneficio de todo el país”, expresó el IFT.
El cierre no pasó desapercibido. Trabajadores del instituto realizaron manifestaciones en demanda de claridad sobre el proceso de liquidación y el respeto a sus derechos laborales, mientras la comunidad tecnológica y académica lamentó la pérdida de un órgano que simbolizaba la independencia regulatoria del sector.
Las funciones que desempeñaba el IFT fueron transferidas a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). De acuerdo con la reforma, la CRT contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La desaparición del IFT también implicó cambios profundos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que incluye la transferencia de tareas clave como la regulación del espectro radioeléctrico, la supervisión de concesiones y la promoción de la competencia en el sector.
El IFT fue creado en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que sustituyó a la antigua Cofetel. Desde entonces, se convirtió en el árbitro del sector, garantizando la competencia, estableciendo tarifas, regulando a los concesionarios y promoviendo la conectividad digital en todo el país.
Con su disolución, México cierra un capítulo en su historia institucional. Lo que alguna vez fue símbolo de autonomía técnica y defensa de los derechos digitales, hoy deja su lugar a un modelo centralizado que promete eficiencia, pero que también despierta dudas sobre la independencia regulatoria y la transparencia en la toma de decisiones.