Un equipo internacional de 43 expertos en salud pública advirtió que el creciente consumo de alimentos ultraprocesados representa un problema sanitario de primer orden, comparable al impacto del tabaquismo, debido al papel dominante de grandes multinacionales del sector y la falta de regulaciones estrictas. Las conclusiones forman parte de un especial publicado este miércoles por la revista científica The Lancet, integrado por tres estudios complementarios y considerado el metaanálisis más completo hasta la fecha sobre el tema.
Durante la presentación del informe, Phillip Baker, académico de la Universidad de Sídney y uno de los autores principales, fue contundente: “Reducir el consumo de ultraprocesados no puede dejarse solo a los ciudadanos; hay que regularlo como se hizo con el tabaco”, afirmó.
Los investigadores explican que estos productos —elaborados con ingredientes baratos, aditivos, sustancias químicas y con escaso valor nutricional— contienen altas cantidades de sal, azúcares y grasas poco saludables, y muy poca fibra y proteínas. Su expansión global está deteriorando la calidad de la dieta, desplazando los patrones alimentarios tradicionales y aumentando la prevalencia de enfermedades crónicas.
La revisión, basada en 104 estudios científicos, confirma que un alto consumo de ultraprocesados se asocia con mayor obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, daño renal e incluso mayor riesgo de muerte prematura. El fenómeno ya genera alarma: la proporción de calorías provenientes de estos productos se ha triplicado en España, aumentó en China y en países como México y Brasil pasó del 10% al 23% en cuatro décadas. En Estados Unidos y Reino Unido se mantiene por encima del 50%.
El segundo artículo del especial propone un conjunto de políticas para frenar la expansión de estos productos frente a lo que califican como una “poderosa industria alimentaria”. Entre las medidas recomendadas destacan:
- Etiquetado frontal con advertencias, similar al de las cajetillas de tabaco, que incluya aditivos y riesgos para la salud.
- Retirar ultraprocesados de escuelas y hospitales y limitar su disponibilidad en supermercados.
- Restringir su publicidad, especialmente la dirigida a niños.
- Aumentar impuestos para encarecerlos y destinar la recaudación a facilitar el acceso a alimentos frescos en hogares de bajos recursos.
“Comprar ultraprocesados nocivos no puede ser tan barato”, afirmó Camila Corvalán, directora del CIAPEC de Chile, quien subrayó la necesidad de encarecer estos productos para favorecer alternativas saludables.
El tercer artículo analiza cómo las empresas globales —y no las decisiones individuales— impulsan el auge de los ultraprocesados, mediante ingredientes baratos, producción industrial y estrategias de mercadotecnia agresiva. Los autores denuncian además tácticas políticas sofisticadas de estas compañías para frenar regulaciones: desde coordinar grupos de presión y cabildeo con políticos, hasta financiar estudios que influyen en el debate científico.
Las conclusiones son categóricas: es urgente y factible una respuesta sanitaria global que coloque la salud, la equidad y la sostenibilidad en el centro del sistema alimentario. Para los expertos, solo una regulación firme permitirá limitar el impacto de un sector que hoy genera miles de millones en ventas, pero también transforma negativamente la dieta y la salud de millones de personas en el mundo.