Un tribunal de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, derivado de su intento de cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022, acción que provocó su destitución inmediata. La sentencia también alcanzó a sus exministros Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima, y Willy Huerta, además de imponer una pena menor a su entonces jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres. Dos de los implicados fueron absueltos por falta de pruebas.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que las penas de Castillo y Chávez deberán cumplirse de manera efectiva, pese a que Chávez tiene asilo diplomático. Ambos quedaron además inhabilitados por dos años para ejercer cargos públicos. La decisión puede ser apelada.
La Fiscalía había solicitado penas considerablemente mayores: 34 años para Castillo y 25 años para Chávez. En el caso de Huerta, el tribunal dictó la misma condena que a Castillo, pero ordenó que quedara en suspensión, al igual que la sentencia de 6 años y 8 meses impuesta a Torres. A los cuatro se les fijó una reparación civil conjunta de 12 millones de soles (unos 3.5 millones de dólares).
El intento de disolución del Congreso
Castillo fue juzgado desde marzo por anunciar la disolución del Congreso, declarar un gobierno de excepción e intervenir el Poder Judicial, medidas catalogadas por la Fiscalía como un intento de quiebre del orden constitucional. Con esta maniobra, el entonces mandatario buscaba frenar una votación que pretendía removerlo por “incapacidad moral permanente”.
Ese mismo día, Castillo fue detenido por la policía tras abandonar el Palacio de Gobierno rumbo a la embajada de México, de acuerdo con el expediente judicial. Minutos después, el Congreso formalizó su destitución.
El exmandatario, un maestro rural y sindicalista, había llegado al poder en 2021 tras vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Sin embargo, su administración estuvo marcada por inestabilidad: apenas duró 16 meses en el cargo y realizó más de 60 cambios de secretarios en cinco modificaciones de gabinete.
Un país marcado por la crisis política
La sentencia contra Castillo se produjo un día después de que otro expresidente, Martín Vizcarra (2018-2020), fuera condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos de constructoras cuando era gobernador de Moquegua. Vizcarra también fue inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.
Perú enfrenta una profunda crisis institucional reflejada en su reciente historia presidencial. Además de Castillo y Vizcarra, otros exmandatarios permanecen en prisión: Alejandro Toledo (2001-2006) cumple una pena de 20 años por lavado de activos en el caso Odebrecht, y Ollanta Humala (2011-2016), una condena de 15 años por delitos similares. Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, estuvo preso más de 15 años, fue liberado en 2023 y murió en libertad un año después.
La cadena de resoluciones judiciales acentúa la fragilidad política del país, que continúa enfrentando tensiones entre sus poderes y un creciente desencanto ciudadano con la clase gobernante.