El matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas continúan siendo una problemática extendida en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el estudio Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas en México, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), una de cada cinco niñas en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión antes de cumplir 18 años.
A nivel global, México ocupa el décimo lugar entre los países con el mayor número absoluto de mujeres adolescentes que se casaron o unieron siendo menores de edad, y el segundo en América Latina, según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En el país, se estima que 10.4 millones de mujeres de 15 años y más se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años, y que 4 por ciento lo hizo incluso antes de los 15.
En los últimos años, México ha impulsado diversas reformas legales y políticas públicas para erradicar esta práctica. Entre ellas destacan la reforma de 2014 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estableció los 18 años como edad mínima para el matrimonio; las modificaciones de 2019 al Código Civil Federal, que eliminaron dispensas y excepciones, y la tipificación en 2023 de la cohabitación forzada de personas menores de edad en el Código Penal. A estos esfuerzos se suma la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
No obstante, Unicef advirtió que la problemática se ha desplazado hacia las uniones informales o de hecho, especialmente en zonas rurales y en algunas comunidades indígenas, donde las niñas y adolescentes continúan siendo vulnerables. Un ejemplo reciente es el caso de Deisy, una niña de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien sufrió graves afectaciones durante la gestación y el parto debido a que su cuerpo no contaba con el desarrollo anatómico necesario. El caso generó rechazo y preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia, que denunciaron que la maternidad forzada persiste en México y calificaron la gestación en la infancia como una forma de violencia.
El estudio del Unfpa subraya que las uniones tempranas están estrechamente vinculadas con embarazos infantiles y adolescentes, violencia de género, deserción escolar —ya que 70 por ciento de las niñas en esta situación no asiste a la escuela—, pobreza, limitación de oportunidades, migración y trabajo infantil.
Unicef detalló que los estados con mayor número de adolescentes en uniones tempranas son Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Aunque entre 2014 y 2023 se registró una disminución de 3.2 por ciento, el fenómeno sigue siendo una realidad persistente. Además, el organismo advirtió que la protección de niñas y adolescentes varía según la entidad federativa, ya que estados como Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán no han armonizado su legislación estatal con la ley general en materia de edad mínima para contraer matrimonio.
Especialistas y organismos internacionales coincidieron en que, además de fortalecer el marco legal, es indispensable reforzar las políticas de prevención, educación y protección social para erradicar definitivamente el matrimonio infantil y garantizar los derechos de niñas y adolescentes en todo el país.