A partir de este viernes 16 de enero de 2026 entró en vigor en todo el país la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera total la fabricación, venta, distribución, importación, exportación y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y cualquier dispositivo análogo, luego de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto establece que queda prohibido el uso de cualquier sistema electrónico o mecánico destinado a calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, ya sean líquidas, en gel, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites u otras formulaciones sintéticas, con o sin nicotina.
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, señala el documento oficial, que incluye también a los dispositivos desechables o de un solo uso.
La reforma contempla además la prohibición absoluta de la publicidad y propaganda de estos productos en cualquier medio de comunicación, ya sea impreso, digital, televisivo, radiofónico o por cualquier otra vía.
Con la entrada en vigor del nuevo marco legal, todas las autorizaciones sanitarias previamente otorgadas para la comercialización de vapeadores y dispositivos similares quedaron sin efecto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá notificar a los titulares de dichos permisos para que cesen de manera inmediata cualquier actividad relacionada con estos productos.
En cuanto a las sanciones, la ley establece penas de prisión de uno a ocho años, así como multas que van de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con una UMA fijada en 117.31 pesos, las multas oscilan entre 11 mil 731 pesos y 234 mil 620 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las autoridades sanitarias han señalado que la reforma busca proteger la salud pública, particularmente de niñas, niños y jóvenes, ante los riesgos asociados al consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos, cuyo uso se ha incrementado en los últimos años pese a las advertencias médicas sobre sus efectos nocivos.