En México, contestar una llamada de un número desconocido se ha convertido en una experiencia cada vez más asociada a publicidad no deseada, fraudes o intentos de venta. Frente a este panorama, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el objetivo de frenar estas prácticas.
De acuerdo con la exposición de motivos, los usuarios enfrentan un “nivel alarmante” de llamadas no solicitadas, con un promedio de 24 contactos al mes. Estas comunicaciones incluyen desde publicidad invasiva hasta fraudes y llamadas automatizadas, lo que ha derivado en un problema generalizado de molestia, desconfianza y vulneración de la privacidad.
El diagnóstico es contundente: 54% de las llamadas provenientes de números desconocidos son consideradas spam. Además de generar incomodidad, esta situación incrementa el riesgo de fraudes y el uso indebido de datos personales, advirtió el legislador.
Aunque el problema no es nuevo, la propuesta busca atender la ineficacia de los mecanismos actuales. México ocupa el tercer lugar en América en volumen de llamadas spam, solo por debajo de Brasil y Chile, pero destaca por la alta proporción de estas comunicaciones. Instrumentos como el Registro Público para Evitar Publicidad no han logrado contener el fenómeno, pese a que millones de usuarios se han inscrito y miles han presentado denuncias por incumplimiento.
La iniciativa pone en el centro el concepto de consentimiento. Plantea que cualquier llamada o mensaje con fines publicitarios deberá contar con autorización previa, libre, informada, expresa y verificable del usuario. Asimismo, prohíbe el uso, transferencia o comercialización de datos personales sin dicha autorización, una orden judicial o mandato legal.
Uno de los puntos clave es que el consentimiento solo será válido para la empresa o institución a la que el usuario lo otorgue, evitando que terceros utilicen esa autorización para enviar promociones. También se obligaría a las compañías a ofrecer mecanismos claros y accesibles para cancelar o revocar dicho consentimiento.
Otro cambio relevante es que la aceptación de publicidad no podrá condicionarse a la contratación de servicios, cerrando la puerta a prácticas en las que este permiso se oculta en términos y condiciones extensos o poco claros.
La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas desde 2025 por Monreal para limitar abusos en el sistema financiero, como el envío de “tarjetas fantasma” o el hostigamiento telefónico. El legislador ha señalado que estas prácticas afectan a millones de personas, quienes pueden quedar atrapadas en deudas o fraudes.
El debate, sin embargo, tiene antecedentes. Desde 2018 ya se advertía sobre el acoso telefónico por parte de call centers y empresas, y se proponían medidas similares. Ocho años después, la nueva iniciativa retoma ese diagnóstico con la intención de convertirlo en reglas más estrictas y efectivas.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis en la Cámara de Diputados. De aprobarse, podría marcar un cambio significativo en la forma en que bancos y empresas se comunican con los consumidores en México.