La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilita en promedio a tres empresas por semana debido a irregularidades detectadas durante procesos de contratación pública, principalmente en el sector salud, reveló el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.
Durante su participación en el Medical Devices Innovation Summit, organizado por AMID, el funcionario señaló que entre las principales causas de sanción destacan la falsificación de documentos, incumplimientos sanitarios y violaciones contractuales en procesos de compras gubernamentales.
“En promedio estamos inhabilitando a tres empresas por semana, especialmente del sector salud donde prevalecían malas prácticas como la falsificación de documentos”, afirmó Encinas.
El subsecretario explicó que las sanciones forman parte de una estrategia para erradicar prácticas de influyentismo y favoritismo en la asignación de contratos públicos.
“Estamos trabajando para eliminar las malas prácticas y evitar contratos donde exista sospecha de apoyo de conocidos o influyentismo. Es un sector que viene arrastrando prácticas irregulares desde hace años y estamos enfocados en combatirlas”, sostuvo.
Encinas detalló que todas las compañías sancionadas forman parte de un padrón público de proveedores inhabilitados y sancionados económicamente, disponible desde hace varios años como mecanismo de transparencia y control.
El funcionario recordó que el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo destina anualmente una parte importante del presupuesto federal a la adquisición de instrumentos y equipos médicos para hospitales y clínicas públicas.
Sin embargo, reconoció que uno de los principales obstáculos para hacer efectivas las sanciones son los amparos promovidos por las empresas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, situación que en algunos casos les permite continuar participando en licitaciones públicas.
“Mucha veces las empresas se amparan y eso impide que las sanciones queden firmes. Los recientes cambios en el Poder Judicial deben ayudar a evitar estas malas prácticas y fortalecer las resoluciones definitivas”, señaló.
Encinas enfatizó que el fortalecimiento institucional y la coordinación con el Poder Judicial son fundamentales para impedir que empresas sancionadas vuelvan a competir por contratos gubernamentales.
El subsecretario puso como ejemplo una de las acciones más relevantes emprendidas en 2025, cuando autoridades federales anularon una compra de medicamentos realizada por Birmex debido a un presunto sobrecosto que habría generado un daño patrimonial estimado en 14 mil millones de pesos.
“Hoy se le está dando el valor que corresponde al dinero público y ese es precisamente el objetivo del trabajo preventivo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, expresó.
Las autoridades federales insistieron en que el combate a la corrupción en las compras públicas continuará como parte de la estrategia para fortalecer la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados al sistema de salud y otros sectores prioritarios.