Una juez federal declaró culpables a dos elementos de la Guardia Nacional por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, relacionados con el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel, ocurrido en abril de 2022 en el municipio de Irapuato.
La resolución judicial también responsabiliza a los agentes por las agresiones contra los estudiantes Edith Alejandra y Aarón Eduardo, quienes viajaban junto a la víctima al momento de los hechos.
La audiencia para determinar la sentencia definitiva fue programada para este miércoles, donde se prevé que los elementos federales reciban penas de entre 30 y 60 años de prisión, informó Juan Arredondo Rodríguez, representante legal de las víctimas.
“Nos sentimos contentos y satisfechos no obstante que pasó mucho tiempo y hoy es un buen día para la comunidad universitaria”, expresó el abogado tras concluir la audiencia.
Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2022, cuando Ángel Yael y sus compañeros regresaban de una reunión estudiantil de la Facultad de Agronomía a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca en la comunidad de El Copal.
De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto al vehículo y posteriormente iniciaron una persecución que terminó con disparos contra los estudiantes.
Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte, mientras que Edith Alejandra resultó herida en un hombro. Aarón Eduardo salió ileso.
Tras el ataque, los agentes Iván I. y Jesús Ángel A.G. fueron consignados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, el juicio enfrentó múltiples retrasos derivados de recursos de amparo que prolongaron el proceso durante casi cuatro años.
El procedimiento judicial se reanudó en marzo pasado, luego de que los recursos legales concluyeran a finales de 2025.
Durante el proceso, uno de los elementos permaneció en prisión preventiva, mientras que el segundo enfrentó el juicio en libertad.
La defensa de las víctimas y la Fiscalía solicitaron durante la audiencia que el agente Iván I. fuera detenido inmediatamente para evitar una posible fuga tras conocerse el fallo condenatorio, aunque la petición fue rechazada por la juez.
El fallo fue considerado histórico por representantes legales y familiares, al tratarse de la primera sentencia condenatoria de este tipo contra elementos de la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato.
El caso provocó una fuerte movilización de estudiantes y docentes de la Universidad de Guanajuato en demanda de justicia y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de corporaciones federales de seguridad.