La criminalidad se mantiene como la principal preocupación de la población en México, de acuerdo con la más reciente edición del informe sobre la confianza en las instituciones públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ubica al país entre los de mayor nivel de inquietud por la inseguridad.
El estudio, basado en una encuesta realizada durante 2025, revela que el 75% de los mexicanos considera la criminalidad como uno de los principales desafíos nacionales, porcentaje idéntico al registrado en Perú y que prácticamente triplica la media de la OCDE, situada en 28%.
El reporte también muestra una marcada diferencia respecto a otras naciones integrantes del organismo. Mientras México y Perú encabezan la lista, países como Austria, Suiza, Corea del Sur y Eslovaquia registran un 17% de preocupación por este tema; Islandia alcanza 15%; Polonia, 12%; Croacia, 10%; Letonia, 5%, y Estonia apenas 4%.
En América Latina, la percepción sobre la inseguridad también se mantiene elevada. En Costa Rica, el 63% de la población identifica la criminalidad como uno de los principales problemas del país; en Chile, el 59%; en Brasil, el 58%, y en Colombia, el 49%. En contraste, España presenta un nivel de preocupación ligeramente superior al promedio de la OCDE, con un 29% de los encuestados.
Aunque la corrupción figura entre las principales inquietudes de la región, en México la inseguridad se posiciona por encima de este fenómeno. Perú destaca como el país con mayor preocupación por la corrupción dentro de la muestra analizada, con un 64% de respuestas, muy por encima del promedio de la OCDE, que se ubica en 18%.
En otros países latinoamericanos, la corrupción también ocupa un lugar relevante entre las preocupaciones ciudadanas: Brasil registra un 53%, Colombia un 52% y Costa Rica un 47%, mientras que Chile presenta un nivel menor, con un 32%.
Los resultados del informe reflejan que, pese a las diferencias entre los países evaluados, la percepción sobre la criminalidad y la corrupción continúa siendo uno de los principales factores que inciden en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, especialmente en América Latina.