El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con penas de prisión a quienes promuevan, faciliten o induzcan a menores de edad a utilizar máquinas tragamonedas o cualquier dispositivo de juegos de azar.
La propuesta contempla modificaciones al artículo 142-A del Código Penal estatal, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos asociados a la ludopatía. El mandatario aclaró que la iniciativa no busca criminalizar a los menores, sino castigar a los adultos que incentiven o permitan su participación en este tipo de actividades.
Durante la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, Lemus destacó que el propósito central de la reforma es prevenir las adicciones al juego y salvaguardar el desarrollo integral de la infancia. Asimismo, explicó que la iniciativa incluirá una definición legal del concepto de «azar», con el fin de evitar interpretaciones ambiguas por parte de ministerios públicos y jueces al momento de aplicar la norma.
Actualmente, el artículo 142-A ya contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes involucren a menores en actividades como la mendicidad, el consumo de alcohol o drogas, la iniciación sexual o la comisión de delitos. Sin embargo, los juegos de azar no forman parte de ese catálogo, por lo que la reforma pretende incorporarlos y endurecer las sanciones, aunque el Gobierno estatal aún no ha precisado la pena definitiva.
Además del componente penal, la propuesta prevé la implementación de campañas de prevención dirigidas a familias y comunidades para alertar sobre los riesgos del juego en menores de edad. Antes de entrar en vigor, la iniciativa deberá ser analizada y aprobada por las comisiones legislativas y el Pleno del Congreso de Jalisco, para posteriormente ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
El anuncio se da en un contexto en el que las máquinas tragamonedas continúan operando de manera clandestina, pese a que su funcionamiento está prohibido en México desde la reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 2023. De acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos, este mercado ilegal genera ingresos de hasta 600 millones de pesos por semana a nivel nacional.
Diversas investigaciones de autoridades federales y estatales han vinculado la operación de estas máquinas con organizaciones del crimen organizado, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Chapitos y Los Viagras, que obtienen recursos mediante su instalación en pequeños comercios y otros establecimientos. En distintos estados del país también se han realizado aseguramientos y destrucción de cientos de estos dispositivos, además de detectarse casos en los que eran utilizados para actividades relacionadas con la venta de drogas y el reclutamiento de jóvenes.