México enfrenta importantes desafíos en materia laboral de cara a la tercera ronda de negociaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al registrar alrededor de 57 millones de personas sin acceso a un trabajo digno, de acuerdo con el reporte número 29 del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Durante la presentación del informe, la organización señaló que los resultados adquieren especial relevancia al coincidir con las conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para revisar el acuerdo comercial, al considerar que persisten deficiencias estructurales en el mercado laboral mexicano pese a más de tres décadas de libre comercio en América del Norte.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el estudio indica que de los 82.3 millones de personas con edad y condiciones para trabajar, 21.7 millones permanecen en exclusión laboral, mientras que 35.9 millones tienen un empleo sin acceso a seguridad social, de las cuales 32.6 millones laboran en la informalidad.
El observatorio también sostiene que el desempleo en México es superior al reflejado por los indicadores tradicionales. La organización estima que existen 6.5 millones de personas en desempleo completo, lo que representa una tasa ajustada de 9.7%, al considerar tanto a quienes buscan empleo activamente como a quienes están disponibles para trabajar, pero dejaron de buscar recientemente, grupo identificado como «desempleo oculto».
El reporte destaca que las mujeres y los jóvenes son los sectores más afectados. Del total de personas en desempleo completo, 3.8 millones son mujeres y 2.7 millones tienen entre 15 y 29 años. Asimismo, 15.2 millones de personas permanecen fuera del mercado laboral por realizar labores de cuidado, de las cuales 14.3 millones son mujeres.
La organización también reportó que 33.7 millones de trabajadores perciben ingresos insuficientes, 33.2 millones carecen de representación sindical y 18.6 millones laboran sin un contrato estable, condiciones que, afirmó, limitan el acceso a un empleo digno.
Ante este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso fortalecer el sistema público de cuidados, impulsar una estrategia de primer empleo formal para jóvenes, facilitar la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social mediante incentivos fiscales, actualizar las tablas de retención del Impuesto Sobre la Renta conforme a los incrementos del salario mínimo y promover ingresos dignos que fortalezcan el mercado interno y contribuyan a reducir la pobreza laboral.