Un juzgado familiar de Tabasco emitió una resolución inédita en materia de protección animal al ordenar el pago de una pensión alimenticia para Lucas, un husky siberiano de tres años, tras el divorcio de sus propietarios, convirtiéndose en uno de los primeros casos de este tipo en México.
La jueza determinó que el perro recibirá 700 pesos mensuales, equivalentes al tres por ciento del salario de su antiguo propietario, además de que éste deberá contribuir con los gastos veterinarios necesarios para garantizar su bienestar.
Aunque el monto no cubre la totalidad de los gastos de manutención —estimados en más de mil 500 pesos mensuales—, especialistas consideran que la resolución representa un importante precedente jurídico al reconocer que los animales de compañía son seres sintientes cuya protección puede ser considerada dentro de los procesos familiares.
El procedimiento fue promovido por Blanca, quien obtuvo la guarda y custodia de Lucas tras la separación, y fue representada de manera gratuita por la abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes. El litigio se prolongó durante diez meses y enfrentó un desafío jurídico debido a que en Tabasco no existe una legislación específica que regule pensiones alimenticias para mascotas.
Pese a ese vacío legal, el juzgado resolvió a favor del animal con base en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, criterio que permitió otorgar tanto la custodia provisional como la pensión para contribuir a su cuidado.
Durante los 14 años de matrimonio de la pareja, Lucas formó parte de la vida familiar. De acuerdo con el expediente, el perro convivía con ambos propietarios, realizaba viajes y recibía atención compartida. Tras la disolución del matrimonio, el exesposo decidió no solicitar un régimen de convivencia ni asumir la custodia del animal, por lo que su cuidado quedó bajo la responsabilidad exclusiva de Blanca.
Organizaciones defensoras de los derechos de los animales celebraron la resolución al considerar que abre la puerta para que casos similares puedan encontrar respaldo jurídico en el futuro. Gilda Ruiz, coordinadora estatal de la Asociación Protectora de Animales Caninos 911, señaló que la decisión fortalece el reconocimiento de las mascotas como integrantes de las familias y podría impulsar reformas legales en favor de su protección.
El caso también reavivó el debate sobre la necesidad de actualizar el marco legal en materia de bienestar animal. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, las investigaciones por presunto maltrato animal aumentaron de 34 casos en 2023 a 103 durante el primer semestre de 2026, reflejando un incremento tanto en las denuncias como en la atención que la sociedad presta a este tipo de conductas.
La resolución marca un precedente en el ámbito del derecho familiar y del bienestar animal, al incorporar el interés de un animal de compañía dentro de un proceso de divorcio, una figura que podría influir en futuros litigios y en el desarrollo de nuevas disposiciones legales para proteger a las mascotas en México.