La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas privadas y planteles que operen bajo esquemas militarizados, militares, castrenses o modalidades similares en México, como parte de una estrategia para garantizar el cumplimiento de los principios del Sistema Educativo Nacional antes del inicio del ciclo escolar, programado para el próximo 31 de agosto.
La instrucción fue emitida por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, quien solicitó a las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigentes, con el objetivo de identificar y clausurar aquellos planteles que simulen una formación de carácter militar.
Como parte de las medidas, la SEP ordenó la devolución inmediata de la documentación académica de los estudiantes, incluidos expedientes y certificados, para facilitar su incorporación a escuelas del sistema público regular. Asimismo, pidió a las autoridades estatales exigir a los planteles el reembolso íntegro de cuotas, uniformes y pagos de reinscripción realizados por las familias.
La decisión se produce luego de la muerte de la menor Dafne Zapata durante un campamento de verano organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, así como de las denuncias presentadas por padres de familia en Chiapas, quienes señalaron presuntos casos de acoso, violencia y abusos en instituciones educativas que operaban bajo este modelo.
Mario Delgado subrayó que la formación castrense está legalmente reservada para las instituciones del Estado, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, por lo que consideró que este tipo de esquemas resulta incompatible con los principios constitucionales que rigen la educación en México.
Con esta determinación, la SEP busca impedir que instituciones particulares continúen ofreciendo modelos educativos con características militares y garantizar que los estudiantes afectados puedan continuar sus estudios en escuelas reconocidas oficialmente, sin que ello represente una afectación a su trayectoria académica o a la economía de sus familias.