Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, deberá pagar 567 millones de dólares para atender los daños atribuidos a sus plataformas en la salud mental de niños y jóvenes, determinó un tribunal de Nuevo México.
La resolución fue emitida este jueves por el juez Bryan Biedscheid, durante la segunda fase de un juicio considerado sin precedentes. Del monto total, 420 millones de dólares serán destinados a servicios de atención para jóvenes, mientras que el resto se utilizará durante los próximos cinco años en campañas de concienciación y prevención, servicios de detección y otros costos relacionados.
La decisión se suma a la primera fase del proceso judicial, concluida en marzo, cuando un jurado impuso sanciones civiles por 375 millones de dólares contra Meta, al determinar que la compañía perjudicó deliberadamente la salud mental de menores y ocultó información que conocía sobre explotación sexual infantil en sus plataformas.
Ordenan cambios en Facebook e Instagram
Además de la sanción económica, el tribunal ordenó a Meta implementar diversas medidas para modificar la experiencia de los usuarios en sus plataformas y reforzar la protección de menores.
Facebook e Instagram deberán crear y desplegar periódicamente banners y pantallas informativas que expliquen de manera clara las funciones de protección disponibles, las mejores prácticas y las herramientas para hacer frente a situaciones como comentarios inapropiados.
Las modificaciones estarán acompañadas por una campaña educativa en Nuevo México y serán objeto de supervisión por parte del estado.
Los fiscales habían solicitado medidas más amplias, entre ellas cambios para reducir funciones consideradas adictivas, mejorar los mecanismos de verificación de edad y prevenir la explotación sexual infantil mediante configuraciones predeterminadas de privacidad y una supervisión más estricta.
Meta rechazó las conclusiones del tribunal y anunció que apelará la resolución.
La empresa sostuvo que trabaja para mantener a salvo a los usuarios y defendió las medidas que ha implementado para enfrentar a actores maliciosos y contenido dañino.
Inteligencia artificial para detectar la edad
Uno de los principales puntos de la resolución está relacionado con la verificación de edad. El tribunal señaló que las leyes federales de privacidad infantil limitan la posibilidad de que Meta solicite determinados datos personales a menores de 13 años o los rastree pasivamente con ese propósito.
Por ello, la corte ordenó a la empresa continuar mejorando en Nuevo México sus herramientas de garantía de edad, que incluyen sistemas de inteligencia artificial capaces de estimar la edad de una persona a partir de señales como sus conexiones, el contenido que publica y aquello que consume.
Meta también deberá desarrollar durante los próximos dos años un modelo de predicción orientado a identificar a usuarios menores de 13 años.
Cuando la empresa considere que una persona podría tener menos de esa edad, deberá solicitar un comprobante de edad. Si determina que el usuario es menor de 13 años, o menor de 18 pero no puede establecer una edad específica, deberá aplicar las protecciones correspondientes a un menor de 13 o de 18 años, respectivamente, hasta que se compruebe su edad.
Escuelas podrán reportar cuentas de menores
La resolución también contempla una mayor participación de instituciones educativas y organizaciones de seguridad infantil.
Meta deberá establecer alianzas con escuelas o con una organización especializada en protección de menores para crear un portal de denuncias mediante el cual personal escolar pueda reportar cuentas que pertenezcan a usuarios menores de 13 años.
Además, la compañía tendrá que eliminar cualquier información personal que haya recopilado de usuarios menores de esa edad.
Como parte del seguimiento judicial, Meta deberá presentar informes sobre los avances de las medidas de mitigación dos veces al año.
La resolución marca así nuevas obligaciones para una de las principales compañías de redes sociales y coloca bajo escrutinio judicial el diseño de sus plataformas, sus mecanismos de protección infantil y el uso de inteligencia artificial para identificar posibles cuentas pertenecientes a menores.