El Gobierno de México presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2026, una estrategia que busca orientar el desarrollo y uso de esta tecnología hacia el beneficio de la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica del país.
Aunque el documento fue presentado en abril, su contenido cobró mayor relevancia pública durante los primeros días de septiembre. La estrategia integra acciones en materia de regulación ética, capacitación, desarrollo de infraestructura y creación de soluciones digitales para el sector público.
Uno de sus principales objetivos es reducir la dependencia tecnológica de corporaciones extranjeras y fortalecer la capacidad del Estado mexicano para desarrollar y orientar herramientas de inteligencia artificial de acuerdo con las necesidades nacionales.
El plan define la soberanía tecnológica como la capacidad colectiva para dirigir la innovación científica y tecnológica hacia el interés de la población.
Supercomputadora Coatlicue, pieza central de la estrategia
Entre los proyectos de infraestructura destaca la construcción de la supercomputadora Coatlicue, para la cual las dependencias federales contemplaron una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos.
El proyecto prevé ampliar la capacidad de cómputo del Estado mexicano y generar infraestructura propia para el desarrollo de aplicaciones y sistemas basados en inteligencia artificial.
A esta estrategia se suma la modernización del Centro de Datos de Aguascalientes, con una inversión de alrededor de 7 millones de dólares, destinada al resguardo de información nacional. También se contempla habilitar un segundo nodo en Tulancingo para avanzar hacia una mayor autonomía digital.
Principios para regular el uso de la IA
El componente tecnológico está acompañado por criterios destinados a establecer límites y responsabilidades en el uso de inteligencia artificial dentro del gobierno.
El pasado 29 de enero, las autoridades presentaron los Principios de Chapultepec, un decálogo para orientar la adopción ética de estos sistemas. Entre sus planteamientos se encuentra que las decisiones públicas automatizadas mantengan responsables humanos y que exista transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos.
La estrategia pretende así evitar que la automatización sustituya completamente la responsabilidad de los funcionarios públicos y busca que las herramientas de IA puedan ser supervisadas por las instituciones y la ciudadanía.
Capacitación y desarrollo de soluciones públicas
El plan también contempla la formación de especialistas. Como parte de esta política se informó sobre la creación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que inició actividades con una primera generación de 10 mil estudiantes.
El programa ofrece capacitación gratuita en áreas tecnológicas consideradas estratégicas, mediante una alianza con 14 empresas internacionales de tecnología.
Paralelamente, la Fábrica de Inteligencia Artificial reúne a un centenar de expertos de distintas disciplinas para desarrollar herramientas de software enfocadas en necesidades de interés público. Durante su primer año de operación, el equipo consolidó seis proyectos prioritarios.
Uno de ellos es Ventanilla 24/7, una herramienta diseñada para ayudar a la población a localizar trámites federales. El sistema utiliza modelos de lenguaje capaces de interpretar consultas formuladas en lenguaje cotidiano para orientar a los usuarios.
Con estas acciones, el Gobierno federal plantea una estrategia que combina el desarrollo de capacidades nacionales con reglas para el uso responsable de la inteligencia artificial.
Ante el foro internacional del G20, representantes de México han defendido esta visión al señalar que “la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercar a las personas a sus derechos”, una postura que el nuevo plan presenta como uno de los ejes de la política nacional de inteligencia artificial.