La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó ahorros por 83 mil 800 millones de pesos para las arcas públicas desde octubre de 2024, como resultado de medidas de vigilancia, sanciones y modificaciones en los procesos de contratación y supervisión del gasto gubernamental.
Durante la presentación de los resultados de los primeros casi dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que 87 funcionarios han sido sancionados, mientras que otros mil 650 permanecen en procesos relacionados con posibles irregularidades administrativas.
De acuerdo con el informe, la mayor parte de los recursos recuperados o ahorrados corresponde a cambios en las estrategias de compras públicas y al seguimiento de contratos gubernamentales.
#MañaneraPresidenta || La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informa los avances en la actual administración. Indicó que con trabajos de prevención en dos años se han protegido 83.8 mil millones de pesos a través de la mejora en… pic.twitter.com/rzY3C1whJF
— El Chamuco (@El_Chamuco) September 22, 2026
Las nuevas negociaciones y mecanismos de diálogo con proveedores permitieron generar 29 mil millones de pesos en ahorros, mientras que la supervisión de contratos, particularmente los relacionados con obras públicas, representó otros 42 mil millones de pesos.
A estos recursos se suman 7 mil 800 millones de pesos derivados de una reorganización interna de la administración pública orientada a mejorar la eficiencia, así como otros 4 mil 800 millones de pesos correspondientes a multas y sanciones impuestas a servidores públicos.
La Secretaría informó además que las investigaciones contra funcionarios y terceros, incluidas empresas con vínculos con el Gobierno, derivaron en la remisión de mil 723 trabajadores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En total, se contabilizaron 4 mil 193 sanciones administrativas, de las cuales 84% corresponde a faltas consideradas no graves.
Entre las principales conductas que dieron origen a las sanciones se encuentran el otorgamiento de pagos indebidos, la sustracción de información sensible, la autorización de pagos por servicios que no fueron entregados, compras consideradas innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes, falsificación de documentos y casos de acoso sexual.
Buenrostro también destacó durante la conferencia de prensa los resultados de México en materia de confianza ciudadana en las instituciones públicas. Según la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicada en junio, México se ubicó en el quinto lugar entre los países de la organización con mayor confianza en su Gobierno, detrás de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.
En cuanto a la confianza en el servicio público, México ocupó el octavo lugar, de acuerdo con los datos citados por la funcionaria.
La secretaria sostuvo que una parte central de la estrategia consiste en intervenir antes de que se concrete una irregularidad, con el objetivo de evitar el uso indebido de recursos públicos.
El informe presentado por la dependencia coloca la prevención, la supervisión de contratos y las compras gubernamentales como algunos de los principales mecanismos utilizados por el Gobierno federal para reducir gastos y combatir posibles actos de corrupción durante los primeros años de la actual administración.