El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca reducir el uso de dinero en efectivo y modernizar los medios de pago en México.
La iniciativa, respaldada por la mayoría de Morena, plantea una implementación gradual de los pagos digitales, con el objetivo de ofrecer mayores condiciones de seguridad, reducir costos para las personas usuarias y fortalecer los mecanismos de control y recaudación.
El diputado morenista Carol Antonio Altamirano, quien presentó la propuesta, sostuvo que la nueva legislación representa una transformación que va más allá del ámbito tecnológico, al considerar que también puede ampliar los derechos digitales y facilitar el acceso a servicios financieros.
De acuerdo con el legislador, México cuenta actualmente con infraestructura que permitiría avanzar en la digitalización de la economía, entre ella el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi, DiMo, códigos QR y diversas aplicaciones financieras.
Sin embargo, la iniciativa reconoce que el efectivo continúa como el principal medio de pago en las operaciones cotidianas y que existen diferencias importantes entre regiones en cuanto a la adopción de transferencias y herramientas electrónicas.
Oposición advierte brechas tecnológicas
La propuesta generó críticas de legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quienes señalaron que la digitalización de los pagos podría profundizar las desigualdades si no se consideran las condiciones de acceso a internet, dispositivos electrónicos y servicios financieros.
La diputada panista Verónica Pérez señaló que las facilidades para realizar pagos con tarjetas o teléfonos celulares que existen en las zonas urbanas y en el centro del país no se encuentran de la misma manera en regiones como la Sierra Tarahumara o la Selva Lacandona.
Advirtió que modernizar la economía puede ser positivo, pero cuestionó que la legislación parta del supuesto de que toda la población cuenta con una cuenta bancaria, un teléfono inteligente, conexión a internet, terminal de pago y señal permanente.
Por su parte, la emecista Claudia Ruiz Massieu alertó que la medida podría tener efectos contrarios a los buscados si no se atiende primero a la población que permanece fuera del sistema financiero.
Entre los sectores señalados se encuentran personas adultas mayores con poco acceso o confianza en la tecnología, jóvenes con bajos niveles de educación financiera y pequeños negocios que tendrían que asumir los costos derivados de la digitalización.
CURP digital y nuevas obligaciones
Uno de los elementos contemplados en la nueva legislación es el uso voluntario de la CURP digital como mecanismo para validar la identidad de las personas.
El diputado morenista Luis Humberto Fernández Fuentes defendió la propuesta al señalar que establecer reglas claras, infraestructura común e interoperabilidad permitiría que pequeños comercios y grandes empresas puedan utilizar las mismas herramientas de pago, lo que, afirmó, contribuiría a la inclusión financiera.
El legislador también sostuvo que la transición hacia medios electrónicos permitiría reducir costos asociados al manejo de efectivo, democratizar el sistema financiero, incrementar la transparencia en los gobiernos estatales y municipales y fortalecer tanto a los comercios como a la Hacienda Pública.
La nueva ley establece además que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un plazo máximo de 15 días para definir los sectores en los que los pagos digitales y electrónicos serán la única forma de pago.
Con ello, el Congreso busca avanzar hacia una economía con menor dependencia del efectivo, aunque el debate legislativo también puso sobre la mesa el reto de garantizar que la transición tecnológica no deje fuera a las regiones y sectores de la población que aún enfrentan limitaciones para acceder a servicios digitales y financieros.