7 de October de 2026

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Personas con doble nacionalidad no podrán aspirar a Presidencia o gubernaturas a partir de 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó este miércoles la reforma constitucional que establece nuevas restricciones para las personas con doble nacionalidad que pretendan competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación constitucional fue aprobada por 22 congresos estatales, con lo que se cumplió el requisito para su promulgación. Se prevé que el decreto sea publicado este mismo miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva disposición será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.

De acuerdo con la reforma, las personas que aspiren a una candidatura para la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina deberán renunciar a su doble nacionalidad antes de realizar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Alcalde señaló que todavía deberán emitirse las disposiciones reglamentarias para determinar los procedimientos específicos que deberán seguir los aspirantes, así como las autoridades ante las cuales tendrán que formalizar la renuncia a la segunda nacionalidad.

La iniciativa fue presentada por Sheinbaum ante el Congreso de la Unión semanas atrás y contempla modificaciones a los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidenta ha defendido la reforma bajo el argumento de que busca evitar posibles actos de injerencia extranjera en asuntos políticos y de gobierno del país.

Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas de quienes consideran que la medida puede representar una forma de discriminación hacia las personas con doble nacionalidad. El debate ha cobrado relevancia debido a que esta condición también está presente entre integrantes y figuras políticas vinculadas con el partido en el gobierno.

Con la entrada en vigor de la reforma y su aplicación a partir de 2028, quienes busquen competir por los principales cargos ejecutivos del país deberán acreditar previamente que han renunciado a cualquier nacionalidad adicional a la mexicana, conforme a las reglas que establezcan las disposiciones reglamentarias.

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