El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir y sancionar las comunicaciones comerciales no autorizadas que se realicen de manera reiterada y persistente, con multas que podrían alcanzar los 2 millones 345 mil 728 pesos.
La modificación al artículo 18 Bis establece nuevas restricciones para proveedores y empresas que contacten insistentemente a consumidores con fines publicitarios o de mercadotecnia sin contar con su autorización.
Las sanciones contempladas van de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728 pesos, dependiendo de la infracción. Las disposiciones no se limitan a las llamadas telefónicas, sino que también incluyen otros medios de comunicación, como aplicaciones de mensajería y WhatsApp, cuando sean utilizados para realizar contactos comerciales no autorizados.
“El acoso telefónico es una medida de urgencia que justifica la reforma”, señala el dictamen aprobado por los legisladores.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, autora de la iniciativa, señaló que los cambios buscan atender un problema que se ha extendido en el país debido al elevado número de llamadas publicitarias y de mercadotecnia que reciben los consumidores sin haberlas solicitado.
Empresas serán responsables aunque contraten terceros
La reforma también establece que los proveedores mantendrán su responsabilidad cuando recurran a empresas externas para realizar campañas de publicidad o mercadotecnia.
De esta manera, contratar a terceros para efectuar las llamadas o enviar mensajes no eximirá a las empresas de cumplir con las disposiciones de protección al consumidor ni de las posibles sanciones.
De acuerdo con datos de Truecaller citados en el dictamen, México se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de entre 20 y 25 contactos considerados spam por usuario cada mes.
Los legisladores advirtieron que la saturación de llamadas no solo representa una molestia para los consumidores, sino que también puede incrementar su exposición a posibles estafas y afectar su privacidad.
Actualmente existe el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), administrado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante el cual los usuarios pueden solicitar que no se les contacte con fines publicitarios.
Sin embargo, las comisiones encargadas de analizar la propuesta consideraron que las sanciones actuales no han sido suficientes para disuadir las llamadas comerciales no deseadas.
Por ello, en lugar de crear un nuevo registro, como planteaba inicialmente la iniciativa, los legisladores optaron por fortalecer las multas y ampliar las restricciones aplicables a las comunicaciones comerciales.
Reforma pasa a la Cámara de Diputados
Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Si los diputados avalan el proyecto en los mismos términos, será remitido al Ejecutivo federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma establece que las nuevas disposiciones entrarían en vigor al día siguiente de su publicación, con lo que las empresas que realicen comunicaciones comerciales reiteradas y no autorizadas quedarían sujetas al nuevo régimen de sanciones.