Ante la reciente publicación del decreto presidencial para establecer entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, organizaciones sociales pidieron ampliar la regulación para incluir la publicidad personalizada, el funcionamiento de los algoritmos y la difusión de contenidos que incumplan las disposiciones sanitarias sobre productos ultraprocesados.
En conferencia de prensa, representantes de El Poder del Consumidor y ContraPESO advirtieron que las plataformas digitales operan mediante modelos de negocio que recopilan y comercializan datos personales de menores de edad para construir perfiles de consumo y dirigirles anuncios de acuerdo con sus intereses, una práctica que, señalaron, puede agravar los riesgos para su salud física y mental.
Ana Larrañaga, investigadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, explicó que cada interacción de los menores en internet, desde realizar una búsqueda hasta dar clic o marcar una publicación con un “me gusta”, permite a las plataformas recopilar información para perfilar a los usuarios y determinar qué contenidos recibirán.
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) citados por las organizaciones, 60 por ciento de los niños de entre 6 y 12 años y 90 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años utilizan internet con frecuencia, principalmente mediante teléfonos celulares y tabletas. Los adolescentes pueden pasar hasta cinco horas en distintas plataformas digitales.
Larrañaga señaló que 96 por ciento de la publicidad que ven los menores de edad en internet corresponde a productos ultraprocesados considerados no saludables. Entre ellos destacan las bebidas azucaradas, como jugos y refrescos; galletas, pan industrializado, cereales para el desayuno, botanas saladas, pizzas, hamburguesas, salchichas y otros embutidos.
Además, indicó que en México siete de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años interactúan directamente en redes sociales con marcas de alimentos y bebidas no saludables, ya sea al seguir sus cuentas, reaccionar a sus publicaciones, consultar sus historias o dejar comentarios.
La investigadora advirtió que la publicidad digital puede resultar más persuasiva que la difundida en medios tradicionales, debido al uso de influencers contratados por agencias e industrias que presentan los mensajes comerciales como entretenimiento, recomendaciones personales o relatos cotidianos.
De esta manera, los anuncios pueden confundirse con contenido espontáneo y aprovechar la confianza que niñas, niños y adolescentes depositan en las personas a quienes admiran o siguen en redes sociales.
Por su parte, Javier Zúñiga, de El Poder del Consumidor, sostuvo que parte de la publicidad difundida en plataformas digitales incumple la regulación sanitaria mexicana, particularmente cuando empresas de productos ultraprocesados recurren a celebridades o deportistas para promocionar alimentos y bebidas que contienen sellos de advertencia.
La regulación establece restricciones a la publicidad dirigida a menores de edad de productos con sellos de advertencia, entre ellas la prohibición de utilizar personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas y mascotas en los anuncios o envases, con el propósito de evitar que estos recursos incentiven el consumo de productos no saludables.
Ante este panorama, las organizaciones consideraron que el decreto presidencial debe contemplar medidas que permitan supervisar tanto los contenidos que reciben los menores como las prácticas comerciales y los mecanismos algorítmicos que determinan su exposición a la publicidad.
“Para las organizaciones no basta con remover el contenido violento, contenido sexual inapropiado, regular el ciberacoso. Todos esos son aciertos, vamos en una buena dirección, pero estamos dejando fuera todo el aspecto que monetiza por las vulnerabilidades de niños, niñas y adolescentes y es un aspecto que también debe regularse para garantizar espacios digitales seguros”.
Las agrupaciones insistieron en que la protección de las infancias en internet debe ir más allá de la prevención de contenidos violentos o inapropiados e incluir la regulación de los intereses comerciales que operan en los entornos digitales, a fin de proteger la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes.