La crisis de desapariciones en México se ha agravado en los últimos años, en un contexto de impunidad superior a 98% y de aproximadamente 72 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, advirtió Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante un foro organizado por la American University, a través del Washington College of Law, el especialista explicó que el incremento de personas desaparecidas, las agresiones contra madres buscadoras y la falta de avances suficientes en las investigaciones llevaron al Comité a activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y remitir el caso mexicano a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Albán recordó que, durante la visita del Comité a México en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba poco más de 96 mil casos. Para abril de 2025, cuando se decidió activar el procedimiento internacional, la cifra había superado las 131 mil personas.
Esto representó un incremento de más de 36 mil registros en aproximadamente cuatro años. En el mismo periodo, los cuerpos sin identificar en los servicios forenses aumentaron de 52 mil a 72 mil.
El presidente del Comité también señaló que las amenazas, agresiones y ataques contra familiares que buscan a sus seres queridos constituyeron un factor determinante para recurrir al mecanismo internacional.
“Para muchas víctimas de este horrendo crimen, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos son la última esperanza de obtener respuestas, especialmente cuando los mecanismos nacionales de protección y justicia son insuficientes”, afirmó.
La ONU reconoce avances institucionales, pero considera insuficientes los resultados
Albán reconoció que México ha aprobado leyes, creado comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas, además de destinar recursos para proteger a personas buscadoras amenazadas.
Sin embargo, sostuvo que estas medidas no han logrado revertir la situación ni garantizar resultados suficientes para las víctimas y sus familias.
“Era claro que la situación no había mejorado, sino que la situación se había agravado”, expresó.
El especialista también rechazó las críticas del Gobierno mexicano a la decisión de activar el artículo 34 y aseguró que el Comité tomó esa determinación después de analizar información oficial, escuchar a las autoridades y considerar los planteamientos de organizaciones civiles.
Explicó que el procedimiento constituye uno de los mecanismos más relevantes de supervisión internacional previstos en la Convención y puede activarse cuando existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática.
La decisión, agregó, fue precedida por varios años de seguimiento, una visita al país, el análisis de informes gubernamentales y cerca de 800 acciones urgentes relacionadas con casos de desaparición.
Albán señaló que la atención internacional ha contribuido a impulsar acuerdos de cooperación con Alemania, España, Países Bajos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No obstante, aclaró que el Comité continuará supervisando la situación mexicana y ya solicitó información complementaria a las autoridades.
Cuestionan cifras oficiales sobre personas localizadas
El presidente del Comité también pidió mayor claridad sobre los reportes gubernamentales relacionados con la localización de 16 mil personas desaparecidas.
Indicó que es necesario conocer quiénes son las personas localizadas, en qué fechas fueron encontradas y si sus familiares recibieron información sobre su paradero.
Albán sostuvo que, incluso al considerar las localizaciones reportadas, la magnitud del problema continúa siendo considerable. También mencionó el caso del Rancho Izaguirre como un ejemplo de la gravedad de las desapariciones y de la necesidad de investigar los patrones de actuación de las organizaciones involucradas.
En el encuentro, el especialista manifestó además su inconformidad por la falta de coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la elaboración de su informe sobre las desapariciones en México, aunque reiteró la disposición del Comité para fortalecer el diálogo con los organismos regionales.
Familias denuncian fallas en el Registro Nacional
Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM), cuestionó la confiabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y exigió que la información sea veraz, completa y actualizada.
La madre buscadora busca desde enero de 2009 a su hijo, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Monclova, Coahuila.
Durante su intervención, relató que, en una revisión domiciliaria, servidores públicos le preguntaron si su hijo había aparecido, pero llevaban el nombre de su esposo, José Antonio Robledo Chavarría. Pese a que aclaró la confusión, denunció que ambos nombres continuaron apareciendo en el registro.
El caso, afirmó, refleja los problemas de calidad de la información que enfrentan las familias al consultar las bases oficiales.
Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos que ha acompañado a colectivos de familiares, sostuvo que la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías especializadas fue resultado de la movilización de las propias familias.
Sin embargo, advirtió que la existencia de leyes, instituciones y protocolos no se ha traducido necesariamente en resultados concretos.
El defensor afirmó que los colectivos han recurrido a instancias internacionales después de años de reuniones y gestiones con las autoridades mexicanas, sin obtener respuestas suficientes sobre el paradero de sus familiares.
Piden combatir la impunidad y evaluar las medidas gubernamentales
Juan Méndez, exrelator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y profesor del Washington College of Law, consideró que la magnitud de las desapariciones en México y los posibles vínculos entre organizaciones criminales y agentes estatales justifican una atención internacional sostenida.
Señaló que la intervención de la Asamblea General puede contribuir a identificar las medidas que han funcionado y aquellas que no han conseguido frenar la impunidad.
Méndez advirtió que los acuerdos de cooperación y las reformas institucionales deben evaluarse a partir de sus resultados, para evitar que se conviertan en acciones meramente administrativas.
La prioridad, sostuvo, debe ser romper el ciclo de impunidad que permite la repetición de las desapariciones y garantizar investigaciones efectivas.
Por su parte, Albán reiteró que la cooperación internacional no sustituye las obligaciones del Estado mexicano. El Comité continuará solicitando información, supervisando las actuaciones de las autoridades y promoviendo medidas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la protección de las víctimas y sus familias.