La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un hombre no puede impugnar legalmente la paternidad de un menor en Chiapas, a pesar de que una prueba de ADN descartó que existiera un vínculo biológico, debido a que dejó transcurrir el plazo de 60 días establecido por la legislación estatal.
Al resolver el amparo directo en revisión 5065/2025, el máximo tribunal respaldó que el periodo para cuestionar la filiación comience a partir del nacimiento del niño, siempre que el presunto padre haya estado presente en ese momento, y no desde que tiene conocimiento de los resultados de una prueba genética.
El caso se originó en septiembre de 2018, cuando el hombre registró al menor como su hijo junto con su pareja. Dos años después, en octubre de 2020, obtuvo un estudio genético privado que descartó la paternidad biológica.
Aunque promovió dos demandas para desconocer legalmente la filiación, el litigio continuó hasta que, en febrero de 2023, un juez ordenó modificar el acta de nacimiento. La controversia llegó posteriormente a la Suprema Corte, que finalmente respaldó la aplicación del plazo previsto en la legislación de Chiapas.
Los ministros argumentaron que establecer un límite temporal para impugnar la paternidad permite proteger el derecho de los menores a la identidad, así como la estabilidad de sus vínculos familiares y otros derechos derivados de la filiación, entre ellos la alimentación y la herencia.
Asimismo, señalaron que esta medida busca evitar que la situación jurídica de los niños permanezca indefinida, lo que podría generar incertidumbre sobre sus derechos y relaciones familiares.
Con esta resolución, la SCJN también abandonó el criterio que sostenía la extinta Primera Sala, según el cual los 60 días para impugnar la paternidad podían comenzar a contarse desde el momento en que el presunto padre conocía los resultados de una prueba genética.
La determinación generó cuestionamientos por parte de José Mario de la Garza, presidente de Perteneces AC, quien criticó que el plazo legal comience a correr antes de que una persona tenga conocimiento de que podría no existir un vínculo biológico con el menor.
“¿Cómo puede extinguirse un derecho antes de que una persona tenga razones para saber que debe ejercerlo?”, cuestionó.
El especialista reconoció la importancia de garantizar el interés superior de la niñez y proteger los derechos de los menores; sin embargo, advirtió que este principio no debería impedir que los tribunales analicen una controversia cuando la información genética que permite cuestionar la paternidad se obtiene después de que venció el plazo legal.