México intensifica sus acciones contra el comercio ilegal de mercancías y la falsificación de productos. Desde junio de 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha asegurado más de 1.5 millones de artículos pirata, cuyo valor comercial se estima en cerca de 34 millones de pesos.
El director general del organismo, Vidal Llerenas, informó que estos resultados forman parte de una estrategia de coordinación entre distintas dependencias federales para combatir la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.
Durante su participación en un encuentro sobre observancia de estos derechos, el funcionario detalló que se realizaron mil 994 visitas de inspección, de las cuales mil 381 fueron iniciadas de oficio y 613 a petición de parte.
Asimismo, el IMPI participó en 36 operativos contra la piratería en 12 entidades federativas y ejecutó 29 medidas en frontera para impedir la entrada y comercialización de productos falsificados.
En estas acciones colaboraron la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, las autoridades aduaneras y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Llerenas destacó que uno de los objetivos prioritarios consiste en fortalecer las intervenciones en aduanas, bodegas y centros de distribución, espacios donde es posible identificar y asegurar mayores cantidades de mercancía ilegal.
El combate a la piratería también llega al comercio electrónico
Uno de los nuevos desafíos para las autoridades es la venta de productos falsificados a través de plataformas digitales y redes sociales, un mercado que exige mecanismos de vigilancia y respuesta más ágiles.
Ante este panorama, el IMPI trabaja con las principales empresas de comercio electrónico para simplificar los procedimientos de colaboración y acelerar la identificación y eliminación de publicaciones que comercializan artículos que infringen derechos de propiedad intelectual.
La estrategia también contempla una mayor participación de proveedores de servicios de internet y empresas especializadas en inteligencia e identificación de mercancías apócrifas.
El titular del instituto reconoció que, aunque el organismo cuenta con facultades para intervenir, resulta indispensable fortalecer la colaboración con el sector privado para mejorar la detección y el retiro de estos productos.
Otro de los objetivos es facilitar la judicialización de los casos relacionados con la piratería, mediante una coordinación más estrecha con las autoridades responsables de investigar y perseguir posibles delitos.
La piratería representa riesgos para los consumidores
Más allá de las pérdidas económicas para las empresas y los titulares de marcas, el IMPI advierte que la comercialización de productos falsificados puede representar riesgos para la población.
Entre las principales preocupaciones se encuentran los posibles daños a la salud, la seguridad de los consumidores y la protección de sus datos personales, particularmente cuando se adquieren mercancías de procedencia desconocida.
Estas acciones buscan fortalecer la confianza en los mercados, proteger la propiedad intelectual y promover un comercio más seguro, tanto en establecimientos físicos como en los canales digitales.