El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lanzó una acusación directa contra tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, al designarlas como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” vinculadas al tráfico ilícito de opioides como el fentanilo.
Las sanciones, que forman parte de las primeras acciones ejecutadas bajo la Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, prohíben a instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias con las mencionadas entidades mexicanas. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
“El Tesoro de Estados Unidos considera que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, declaró el subsecretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayando que estas medidas son parte de un esfuerzo para frenar el financiamiento ilícito asociado al narcotráfico y el terrorismo.
Según FinCEN, las tres instituciones habrían canalizado pagos hacia empresas chinas para la compra de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, además de facilitar transferencias multimillonarias para cárteles como el del Golfo, Beltrán Leyva, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Uno de los casos citados por Estados Unidos involucra a un empleado de CIBanco, quien supuestamente facilitó la apertura de una cuenta destinada al lavado de 10 millones de dólares para un integrante del Cártel del Golfo. Intercam habría sostenido reuniones con miembros del CJNG para coordinar transacciones con empresas chinas, mientras que Vector fue señalada por mover fondos a través de “mulas” ligadas al Cártel de Sinaloa.
México responde: “No hay pruebas”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió con firmeza a las acusaciones, señalando que hasta el momento no se ha recibido evidencia concluyente que respalde los señalamientos de Washington.
En una nota informativa, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fueron notificadas por el Tesoro, pero la información proporcionada solo incluye datos sobre transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas, sin vínculos comprobables con actividades delictivas.
“La UIF detectó más de 300 empresas mexicanas realizando transacciones similares a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto ocurre dentro de un comercio legal anual de 139 mil millones de dólares entre México y China”, indicó Hacienda.
En ese sentido, la SHCP confirmó que sí se han identificado irregularidades administrativas en las tres instituciones mencionadas, pero aclaró que estas ya fueron sancionadas conforme a la normatividad vigente con multas que en conjunto suman 134 millones de pesos.
“No encubrimos a nadie. Si existen pruebas de conductas ilícitas, actuaremos con todo el peso de la Ley. Pero, al día de hoy, no tenemos evidencia que justifique las acusaciones del gobierno de Estados Unidos”, subrayó la dependencia.
Cooperación en la mira
A pesar de la tensión diplomática generada, el Departamento del Tesoro insistió en que estas medidas forman parte de una colaboración intergubernamental con México para fortalecer el combate al lavado de dinero, mejorar los controles financieros y proteger a ambas naciones de amenazas transnacionales.
En contraste, funcionarios mexicanos advierten que este tipo de señalamientos deben estar respaldados por evidencia sólida para evitar daños reputacionales a instituciones que operan dentro del marco legal nacional.
Mientras tanto, la CNBV continuará con auditorías internas y revisiones exhaustivas a CIBanco, Intercam y Vector. Las tres instituciones, hasta ahora, no han emitido posicionamiento público sobre las acusaciones.
Este episodio pone a prueba la colaboración bilateral en materia financiera y de seguridad, en medio del creciente escrutinio internacional sobre las redes económicas detrás del tráfico de fentanilo, uno de los principales flagelos sanitarios en Estados Unidos.